Una marcha pacífica para pedir un cambio político en Cuba pretende recorrer este lunes varias ciudades del país, pese a no haber sido autorizada por el Gobierno.
La iniciativa del 15N es heredera de las protestas del 11 de julio, las mayores en décadas en Cuba, fruto del descontento y la grave crisis actual azuzada por la pandemia, las sanciones de Estados Unidos y la situación económica en la isla.
La marcha ha sido promovida por la plataforma virtual Archipiélago, liderada por el dramaturgo y activista Yunior García Aguilera, retenido desde este domingo en su domicilio. Otros miembros de este colectivo han denunciado en redes situaciones similares.
García Aguilera ha incomodado al Gobierno al poner rostro a la iniciativa disidente, que persigue el fin de la violencia, la liberación de los presos políticos y la solución de las diferencias por la vía democrática y pacífica.
El objetivo de la marcha, según explicó él mismo a EFE en una entrevista la semana pasada, “es sacudir un país, hacer que la gente tome conciencia, generar un debate que provoque cambios”, algo que espera que ocurra “de la manera más pacífica y cívica posible”.
El Gobierno cubano consideró “ilícita” la protesta y no la ha autorizado, como no ha permitido otras manifestaciones de la oposición en las últimas décadas, al considerar que detrás se encuentra la “estrategia imperial” de Estados Unidos, como dijo la semana pasada el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.
Un artículo publicado este lunes en el diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), asegura que la protesta “siempre ha estado destinada a ser un fracaso” y tacha la iniciativa de violenta, “desestabilizadora” y liderada por personas que “trabajan para un Gobierno extranjero”.
Pese a la prohibición de las autoridades, los organizadores animaron de todas formas a los cubanos a salir a las calles a las 15:00 horas (19:00 GMT).
Los activistas animaron a todos los que quisieran protestar a salir a la calle vestidos de blanco y con flores blancas. Para quienes no puedan o no quieran marchar, propusieron apagones televisivos y cacerolazos.
Las autoridades cubanas, por su parte, han desplegado un gran número de agentes de la seguridad del Estado por las principales ciudades.
Varias decenas de personas se concentraron en un “mitin de repudio” frente al domicilio en Santa Clara de una activista de Archipiélago, Saily de Amarillo, según denunció ella misma en redes.
Yoani Sánchez informó por su parte que le habían cortado el acceso a internet, una práctica que otros activistas y periodistas aseguran estar sufriendo en los últimos días.
En las jornadas previas, las fuerzas de seguridad han citado a decenas de activistas en comisarías y otros departamentos estatales. Varios de ellos señalaron que recibieron amenazas si participaban en la marcha del 15N.
Está previsto que se celebren protestas en cerca de un centenar de ciudades de todo el mundo en apoyo a esta marcha.
Tras revocar las credenciales a los periodistas de EFE —horas antes de las protestas pacíficas planificadas para hoy—, las autoridades cubanas se las restituyeron a dos de los seis periodistas del equipo, algo que la presidenta de la agencia, Gabriela Cañas, ha considerado “insuficiente” y reclamado que se devuelvan todas.
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