La indagación del caso Las Torres arroja nuevas evidencias según Diario El Comercio. Una pericia realizada a la asistencia penal que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos envió a Fiscalía, chats de WhatsApp de los imputados y documentos incautados muestran cómo se fraguó un supuesto esquema ilegal dentro de la Contraloría.
Agentes investigadores han recopilado indicios que demuestran que no solo se desvanecieron cinco glosas por $13 millones a favor de Nolimit, una empresa que ofrece servicios petroleros. Sino que hay otra compañía que también pagó sobornos para obtener un beneficio similar.
Se trata de una empresa china, dedicada a la construcción de tuberías, sistemas de riego y obras civiles. Según la documentación entregada por la Contraloría, en octubre del año pasado, Pablo Celi firmó el desvanecimiento de una glosa de $9,9 millones.
Antes de que se ejecute ese proceso, esa compañía extranjera transfirió $1,3 millones a favor de Celi y su hermano. Ambos son parte de los 13 procesados por presunta delincuencia organizada en este caso. El comprobante del depósito está en manos de Fiscalía.
Las indagaciones de esta entidad revelan que ese dinero fue transferido directamente a una empresa manejada por el hermano del Contralor.
El abogado de Celi, Marcelo Ron, rechaza las acusaciones de Fiscalía. Él indicó que no hay indicios que certifiquen que ese dinero fue consignado a la cuenta personal de su cliente. “Él no tiene relación con la empresa a la cual se habrían transferido esos fondos. Además, las acciones del hermano no pueden ser imputadas a mi defendido. Él no tiene nada que ver con esa transferencia”.
Sin embargo, en una audiencia que se realizó el lunes en la Corte Nacional, la fiscal general, Diana Salazar, dijo que luego de que se consignaban los pagos ilegales, Celi daba la orden para desvanecer las glosas. “Esa fue la forma de operar de esta estructura criminal”. Además, añadió que “se evidencia una coordinación para la entrega del dinero indebido”.
Esta manera de actuar también se confirmó a través de una conversación por WhatsApp entre Celi y una funcionaria del ente de control.
El pasado 25 de marzo, esa servidora pública le envió un mensaje que dice: “Señor Contralor, jamás me atrevería a decir absolutamente nada sobre lo que tuve que desvanecer cuando usted me lo solicitó. Tenga la plena seguridad que solo diré (a Fiscalía) que usted jamás ordenaría algo por fuera de la ley”. En ese texto la funcionaria se refiere a la orden de desvanecer una glosa de $112 millones a favor de una empresa de telecomunicaciones.
Otra de las evidencias que reposa en el expediente judicial es una pericia ejecutada el pasado 11 de junio. En esa experticia se extrajo información del celular de Pablo Celi, que fue incautado el 13 de abril pasado cuando agentes allanaron su domicilio en Quito.
Según Salazar, allí se encontraron chats que demuestran que las acciones de control ejecutadas por la Contraloría no seguían un proceso regular, sino que el titular de esta entidad intercedía en las decisiones y resultados, a través de órdenes que daba a sus subalternos. Además, les disponía directamente detener trámites en curso o darlos de baja y ellos acataban esas órdenes.
Actualmente, el Contralor se encuentra recluido en la cárcel 4 de Quito. El lunes, él solicitó que se revoque la orden de prisión preventiva. Sin embargo, la fiscal Salazar pidió al juez nacional Felipe Córdova que rechace ese recurso legal.
Ella indicó que la fase de investigación pública o instrucción fiscal en el caso Las Torres aún no culmina. Indicó que si el procesado sale de la prisión retomaría su puesto en la Contraloría y “podría alterar o modificar las evidencias”.
Dijo también que hay peligro de que él afecte o interfiera en la investigación.
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