El Pleno de la Asamblea Nacional, con 124 votos afirmativos, censuró la actuación de Christian Cruz Larrea, quien incurrió en incumplimiento de funciones otorgadas por la Constitución y la Ley; en consecuencia, ordenó su inmediata destitución del cargo de presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución. Hubo cinco abstenciones.
Durante tres horas, Christian Cruz defendió su gestión y dijo que las causales invocadas para su enjuiciamiento (obtención del carné de discapacidad, uso de documentos presuntamente falsos y obtención de licencia tipo E) son extemporáneas porque son hechos ocurridos antes de ser elegido miembro del Consejo.
Cruz defendió la validez legal de su carné de discapacidad, así como de su licencia y en torno a la presunta arrogación de funciones, al haber emitido dos reglamentos de carácter administrativo, justificó su actuación. “He venido para defender la verdad y la justicia, soy un ser humano que anhela un futuro mejor para todos los ecuatorianos”, dijo.
Henry Kronfle, en su calidad de interpelante, aseguró que jamás se ha puesto en entredicho la legalidad del carné de discapacidad, ni la validez de su licencia, sino si realmente existe el 81% de discapacidad visual y auditiva, porque si existe tal porcentaje de discapacidad, no debería tener una licencia tipo E y si tiene capacidad para conducir vehículos autorizados con esa licencia, se deduce que no tiene la referida discapacidad.
Kronfle dijo que la probidad notoria no es una condición temporal, es un atributo permanente que debe mantener un funcionario público. Desestimó las amenazas del interpelado, de acudir a instancias judiciales nacionales e internacionales para defenderse, en caso que el juicio político llegue a su censura y destitución.
Noralma Zambrano dijo que se configuró la causal de incumplimiento de funciones con la arrogación de una facultad reservada para el Pleno del Consejo, como es el caso de la emisión de reglamentos para el desarrollo de las actividades de este organismo. El 10 de octubre de 2019, Christian Cruz dictó dos reglamentos, uno relacionado el parque automotor y otro que versa sobre el cálculo y pago de viáticos, los mismos que estuvieron vigentes por 55 días, hasta que él mismo los dejó sin efecto.
El expediente del juicio político será remitido a la Fiscalía General del Estado, a fin de que inicie la respectiva investigación penal sobre las actuaciones de Cruz, así como a la Contraloría y otras instancias públicas para que analicen sus actuaciones.
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