El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Christian Cruz, había amenazado con el inicio de acciones legales contra quienes cuestionaron la obtención de su carné de discapacidad en el año 2009, en medio de las denuncias de corrupción de la emisión de estos documentos para acceder a beneficios de reducción de impuestos o exoneraciones arancelarias. Es el camino más corto para intentar evitar investigaciones. Las amenazas, como en la mejor época del correísmo.
Tres de los siete integrantes de esa institución le reclamaron explicaciones del por qué, por ejemplo, por qué tiene una licencia de conducir tipo E, apropiada para el transporte pesado, a pesar de ser portador de un carné que le confiere un 81% de discapacidad visual y auditiva.
El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, quien ha pretendido convertirse en adalid de la lucha contra la corrupción, tampoco intentó explicar por qué se benefició de exoneraciones tributarias para matricular una camioneta 4×4, porque alguien con el 81% de discapacidad tiene un rango muy grave que le impediría realizar actividades sin ayuda de un tercero.
Las increpaciones fueron inútiles. También los pedidos de su renuncia. Se mantuvo en el cargo con el apoyo tácito de los consejeros Francisco Bravo, David Rosero y Juan Dávalos. “No tengo porqué renunciar, pues no hay ninguna causa. No me prestaré para que griten y escandalicen. Son acusaciones infundadas”. Esa fue su respuesta.
La respuesta del correísmo en la época de mayor autoritarismo y prepotencia, el que no se inmuta ante denuncias por derechos de autor, debido el uso de canciones como Color esperanza en su campaña electoral. En su anticipada campaña electoral. Un video propagandístico creado al más puro estilo de los hermanos Alvarado, hoy prófugos de la justicia.
Y el Consejo Nacional Electoral, mutis por el foro.
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