La Policía necesita nuestro apoyo

miércoles, diciembre 25, 2019

A inicios de este año, millones de ecuatorianos vimos una escena aterradora. Una persona era acribillada con un arma blanca, frente a varios agentes de la policía. La indignación de la ciudadanía hizo cuestionar el actuar de los gendarmes. ¿Qué debían hacer? El 20 de enero de 2019, Mario Cuvi Santacruz, de la Universidad Ecotec, hizo un análisis al respecto.

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La noche del sábado 19 de enero fue aterradora para el país. Miles de ecuatorianos vimos, impotentes, en vivo, como una persona inocente era acribillada con un arma blanca frente a varios agentes de la Policía Nacional. Al momento que escribo estas líneas no se terminan de aclarar los hechos ni existe un parte policial oficial. Por ello, y por que no soy un experto en operativos de seguridad, no me referiré en detalle al proceso de secuestro, negociación, y término del triste evento. Parecería que hizo falta un francotirador y las voces insinúan que el secuestro duró más de 1 hora, tiempo suficiente para llamar a fuerzas especiales como el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) o el Grupo de Operaciones Especiales (GOE), sin embargo es difícil determinar ese tipo de hechos sin conocer con seguridad como se dieron los hechos. A lo que si me referiré es al claro deterioro de la confianza para actuar de nuestra Policía Nacional.

Por mi profesión y ejercicio converso de manera habitual con miembros de la Policía Nacional. Por mi profesión veo también seguido a uniformados siendo procesados. Con frustración y rabia me enteré hace pocas semanas que, justo en la ciudad de Ibarra, se dictó prisión preventiva, una medida cautelar que según nuestra constitución “se aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar el cumplimiento de la pena” y según normas internacionales y la doctrina debe ser aplicada como último recurso, en contra de un miembro de la Policía Nacional en consecuencia de un acto acaecido en el cumplimiento de su deber. ¿Qué mensaje se envía a los miembros de la Policía Nacional si por cumplir su deber su compañero es apresado? ¿Cómo no dudar al momento de actuar si existe la posibilidad de ir preso por defender a un ciudadano? Ojo, no puede existir impunidad, por lo que ante una muerte debe existir una investigación, y si existen indicios de responsabilidad penal debe instaurarse un proceso. Sin embargo, no es posible que durante la investigación se aprese a miembros de las fuerzas del orden por el ejercicio de su labor.

Es importante que la ciudadanía, las autoridades, y los operadores de justicia entiendan con absoluta claridad lo compleja, difícil, y arriesgada que es la labor de un policía. Se enfrentan a decisiones de vida o muerte en cuestión de segundos. Deben hacer juicios de altísimo valor en muy poco tiempo. La duda es un enemigo en esas circunstancias y puede causar tragedias. El 25 de diciembre, en Puerto Bolívar, en el sector conocido como “La Barraca” murió asesinado el Sargento Segundo Clímaco Cañar. Un sicario, que fue encontrado por el sargento en delito flagrante luego de disparar a dos ciudadanos, fue apuntado por Cañar con su arma de dotación pero éste no disparó de inmediato y en consecuencia recibió la descarga del arma del delincuente. El video circula en redes sociales y provoca cólera. Ayer, varios elementos de la policía presenciaron durante varios minutos como un delincuente amenazaba con un cuchillo a una ciudadana y no tampoco actuaron contra el delincuente.

Como ya dije, al no ser experto en seguridad no analizaré los detalles de la reacción policial, lo que queda claro es que la policía no se siente lista para actuar de manera decisiva ante situaciones de riesgo y extrema necesidad. Puede ser que falte capacitación y entrenamiento, puede ser que falten equipos, puede ser que falte personal. Eso es responsabilidad del alto mando y del gobierno. Es su obligación. Pero más allá de entrenamiento, números, y equipos, el caso de Ibarra nos demuestra que les falta el apoyo claro por parte de las autoridades de gobierno y operadores de justicia para actuar de manera decidida.

Varios elementos de la Policía Nacional, de distintos rangos y edades, han compartido en privado conmigo su temor por utilizar su arma de fuego. Temen que luego de hacerlo, la fiscalía los acuse y terminen presos. Temen también que, en el mejor escenario, se les abra un expediente y con eso se vea muy afectada o termine su carrera, que es el único sustento de sus familias.

Bajo el sistema actual, les planteo el siguiente escenario: en el caso de Ibarra, si no hubiesen existido cámaras que graben la situación, si la policía no hubiese tenido más testigos que los propios agentes de policía y estos actuaban y disparan al delincuente: ¿Qué hubiese pasado en el sistema de justicia? Tendríamos un análisis técnico legal donde el fiscal y defensores de Derechos Humanos cuestionarían si el uso de la fuerza de la policía fue progresivo y proporcional. Por un lado, teníamos a un delincuente que portaba un arma blanca, misma que aún no había utilizado. El delincuente llevaba indeciso (según primeros reportes) por más de 60 minutos. Por el otro, varios agentes de policía con chalecos antibala y armas de fuego. Mi experiencia me dice que la mayoría de fiscales y jueces de nuestro país, guiados por los conceptos vigentes de Derechos Humanos y uso de la fuerza, abrían tenido un complicado caso entre manos. Los policías habrían pasado un calvario de proceso hasta, quizás, demostrar que la ley si justificó su accionar. Esto no puede pasar.

Existen varios cuerpos legales que autorizan el uso de la fuerza, incluso la fuerza letal en casos de extrema necesidad. La disposición más clara al respecto es el Acuerdo Ministerial 4472 del 10 de julio de 2014, mismo que contiene el ‘Reglamento de uso Legal, Adecuado y Proporcional de la Fuerza para la Policía Nacional del Ecuador’. El artículo 11 numeral 5to. del cuerpo legal mencionado establece:

5. Fuerza potencial letal, utilización de fuerza letal o de armas de fuego con munición letal, a efecto de neutralizar la resistencia o actuación antijurídica violenta de una o varias personas, en salvaguarda de la vida del servidor policial o de un tercero frente a un peligro actual, real e inminente.”

Así, vemos que la Policía si cuenta con el sustento legal para actuar con fuerza letal de ser necesaria para proteger la vida de un ciudadano o la propia. Los agentes de policía reciben capacitación al respecto. De hecho, una simple búsqueda en internet del acuerdo mencionado les permitirá descargar las diapositivas que se utilizan en la capacitación de la policía. El problema no es la norma, ni el desconocimiento de la misma. El problema es que los policías no se sienten respaldados.

Es por ello que, más que como abogado o académico, como ciudadano, realmente preocupado por la seguridad en mi país, demando que el Presidente de la República, junto al Ministro del Interior, el Fiscal General del Estado, y el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, declaren en cadena nacional y por escrito su apoyo a la labor de la Policía Nacional. Deben pública, abierta, y claramente decirle a los agentes de policía que mientras actúen dentro de la ley y lo que esta permite, nadie los perseguirá. Que el Gobierno Nacional y el sistema de justicia respalda su labor y quiere que la ciudadanía esté segura. Que son los policías con su sacrificio diario los principales encargados de darnos dicha seguridad. Que la policía si puede utilizar su arma y disparar, si es necesario a matar, a un delincuente que represente un peligro actual, real, e inminente a su vida o a la de otro ciudadano. Que si muere un delincuente durante el intento de cometimiento de un delito, el policía recibirá la alabanza pública que merece por arriesgar su vida para protegernos, y no un expediente o un proceso penal en su contra.

Es hora de que la Policía Nacional pueda cumplir con absoluta confianza su labor. Ya es hora de que sus miembros quienes son, en su gran mayoría, hombres y mujeres valientes que se juegan el pellejo a diario por nosotros, sientan el respaldo de los ciudadanos de bien, de sus autoridades, y del sistema de justicia.