La Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional aprobó el informe sobre la denuncia del tratado de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en el que recomienda la salida de Ecuador de este organismo, pese a la oposición de los asambleístas del correísmo.
El asambleísta Augusto Espinosa solicitó dar lectura del artículo 29 de las comisiones especializadas para sesionar cuando existe una convocatoria de sesión del pleno. Se refería a la sesión convocada para las 10:00, para el segundo debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Espinosa instó a un debate profundo e hizo un llamado de atención para tener mayor seriedad para denunciar un tratado. Fabricio Villamar insistió en que se realizó un amplio debate del tema. También rechazó la salida de Espinosa y de la asambleísta Lexi Loor quienes abandonaron la sala cuando se iba a votar el informe.
El documento fue aprobado con ocho votos a favor. La Denuncia al Tratado Constitutivo de Unasur ya ha sido presentada por siete países: Colombia, Argentina, Paraguay, Brasil, Ecuador, Chile y Perú, mientras que Bolivia, Venezuela, Uruguay, Surinam y Guyana se mantienen en el organismo regional.
Antes de elaborar el informe, la Comisión recibió las observaciones del embajador Gonzalo Salvador, del Ministerio de Relaciones Exteriores y el académico Esteban Santos, quienes consideraron que el organismo incumplió con su cometido integrador, está en acefalía por varios años y ha evidenciado las diferencias políticas de la región.
Asimismo, se recogió la opinión del exsecretario del organismo, Ernesto Samper, quien por escrito argumentó que la institución realizó importantes trabajos: misiones electorales, creación de 12 Consejos Ministeriales y seis grupos de trabajo con objetivos y logros.
La Comisión concluyó que la institución nació con una gran debilidad, ya que este foro se conformó como un proceso liderado por los Gobiernos y no como un proyecto de los Estados. Se evidenció el incumplimiento del objeto del Tratado de la Unión de Naciones Suramericanas, cuya finalidad era construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en diferentes dimensiones.
El organismo mantuvo una estructura institucional conformada por 12 consejos ministeriales, cuya gestión era supeditada a los intereses de los gobiernos de turno en los países miembros, dejando de lado su afán integrador.
Otras de las conclusiones se refieren a la debilidad en su naturaleza y la cooptación ideológica, trayendo consigo una estructura institucional sin resultados tangibles para la ciudadanía, por lo que no se puede cuantificar los beneficios que traían las reuniones de autoridades de gobierno para las poblaciones vulnerables, las empresas, o cualquiera de los demás sectores sociales.
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