La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, acogió las medidas cautelares solicitadas por Fiscalía y dictó prisión preventiva para el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, los exministros Vinicio Alvarado y Walter Solís y también para Yamil Massuh, exasesor de la ministra María de los Ángeles Duarte. Este último debido a que no existen las garantías para asegurar su presencia durante el proceso, ya que días atrás habría tratado de huir del país por la frontera sur.
La jueza Camacho dispuso que se oficie a la Interpol la emisión de la difusión roja para la inmediata localización y captura de Rafael Correa, Vinicio Alvarado y Walter Solís, puesto que ellos se encuentran en calidad de prófugos de la justicia, al estar vinculados en otros casos y no haber comparecido.
Correa, Solís, Alvarado y Massuh están en Bélgica, Venezuela y Estados Unidos, respectivamente. Correa y Solís están prófugos de la justicia por secuestro y peculado, respectivamente. Glas ya cumple una condena de seis años en la cárcel de Latacunga por el caso Odebrecht.
Sobre los otros diecisiete vinculados, la jueza ordenó su presentación los lunes y jueves en la Corte Nacional de Guayas, para los residentes en esa provincia, y en la Corte Nacional de Justicia para quienes viven en Pichincha.
Con ellas suman 26 personas las investigadas, tras la audiencia de reformulación de cargos contra el exsecretario Jurídico Alexis Mera y la ministra María de los Ángeles Duarte, también investigados en esta causa junto a Pamela Martínez y Laura Terán.
La jueza también dispuso la prohibición de salida del país y la enajenación de bienes por $1’072.312,15 a cada uno de los 22 vinculados, pues el monto de $7.8 millones fue considerado excesivo. Sobre la extensión de la etapa de instrucción fiscal, la jueza manifestó que esta ya se concedió en la reformulación de cargos contra Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte –también vinculados– y que no puede extenderse más allá de 120 días, por lo que culminará el 29 de septiembre.
La jueza aseguró que la Fiscalía presentó elementos de convicción suficientes para presumir que los exfuncionarios y empresarios señalados tuvieron participación en lo que la fiscal general Diana Salazar calificó de una “bien estructurada organización delictiva” que “lideraba” Correa.
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