Esto tras la irrupción de agentes de la Guardia y la Policía nacionales bolivarianas (GNB y PNB) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) que han impedido el paso a diputados, trabajadores y periodistas.
Según el diario venezolano El Nacional, los agentes han llegado sobre las 06:30 (hora local) al Parlamento. Se han desplegado en sus alrededores y en el interior dando como única explicaciones que buscaban artefactos explosivos. “¿Otro cuento chino?”, ha cuestionado el diputado opositor Biagio Pilieri, en Twitter.
Los uniformados han impedido pasar a los diputados y trabajadores de la Asamblea Nacional, así como a los periodistas. De acuerdo con el Centro de Comunicación Nacional, que ejerce de oficina de prensa del líder opositor Juan Guaidó, tampoco han dejado entrar al “personal de seguridad” que pretendía verificar la situación.
El Centro de Comunicación ha considerado que las “fuerzas represivas” han “tomado” el Congreso para “impedir la sesión ordinaria de este 14 de mayo”, que iba a abordar “la destrucción del poder adquisitivo del venezolano”, las acciones judiciales contra diputados y la reincorporación de Venezuela a la Convención Americana de Derechos Humanos.
En un primer momento, el también diputado opositor Luis Stefanelli ha anunciado que celebrarían la reunión parlamentaria en una “sede alternativa”. “Nosotros no vamos a dejar de legislar (…), así sea debajo de un puente o en una plaza”, ha declarado.
Sin embargo, finalmente la Asamblea Nacional ha informado de que, “debido a la toma militar del Palacio Federal Legislativo”, la sesión de este martes ha quedado aplazada al miércoles con el mismo orden del día, aunque no ha precisado dónde tendrá lugar.
En la misma línea, Guaidó ha denunciado el “secuestro” de la Asamblea Nacional, recordando que “esta sí fue electa por la gente”, por contraposición a la Asamblea Constituyente de dominio ‘chavista’, y avisando de que “defenderá su legitimidad”.
Guaidó ha criticado que, mientras los uniformados entran en el hemiciclo, “el dictador se atrinchera solo, en un Palacio en el que no debe estar, sospechando de todos a su alrededor”. “Cobarde como es, hace que su banda de persecución política amenace”, ha dicho en alusión a Maduro.
La semana pasada, agentes de la Guardia Nacional Bolivariana se desplegaron en los alrededores del Parlamento e impidieron el acceso a la prensa nacional e internacional y a los trabajadores de la sede legislativa que no tuvieran la acreditación pertinente.
Estos movimientos se producen en medio de lo que Guaidó ha tildado de “golpe al Parlamento” por la detención de su vicepresidente, Edgar Zambrano, y las acciones judiciales contra una decena de diputados, que han llevado a varios a refugiarse en embajadas extranjeras.
La crisis política empeoró el 10 de enero, cuando Nicolás Maduro decidió iniciar un segundo mandato de seis años que no reconocen ni la oposición ni buena parte de la comunidad internacional porque consideran que las elecciones presidenciales del 20 de mayo fueron un fraude.
En respuesta, Guaidó se autoproclamó mandatario interino el 23 de enero con el objetivo de cesar la “usurpación”, crear un gobierno de transición y celebrar “elecciones libres”. Estados Unidos, la mayoría de los países latinoamericanos, incluido Colombia, y numerosos europeos, entre ellos España, le han reconocido.
La situación se ha agravado a raíz del 30 de abril, cuando Guaidó y un liberado Leopoldo López capitanearon un alzamiento militar que, de acuerdo con la versión de Estados Unidos, se vio frustrado a causa de la intervención de Rusia y Cuba.
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