La Corte Constitucional resolvió admitir a trámite la acción pública de inconstitucionalidad en contra del acuerdo ministerial de agosto del 2018 que exige pasaporte y pasado judicial apostillados a los venezolanos que quieran ingresar al país y suspendió provisionalmente esos requisitos.
La acción de inconstitucionalidad fue presentada el pasado 11 de marzo por la Defensora del Pueblo, Gina Benavides Llerena, y otros titulares de organizaciones de Derechos Humanos y de la sociedad civil.
La Corte ordenó trasladar su decisión al Ministerio del Interior, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría para que acaten de inmediato la resolución y en un plazo de 15 días intervengan o impugnen la resolución.
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