La expectativa y la tensión por la llegada por la llegada de Juan Guaidó a Venezuela supone un reto para Nicolás Maduro, quien deberá decidir si arrestarlo y provocar una fuerte reacción internacional o dejarlo entrar tranquilo, socavando la autoridad del poder Judicial.
El chavismo había amenazado que Guaidó será detenido por haber ignorado la prohibición de salida del país que le había impuesto el Tribunal Supremo de Justicia, afín al chavismo, acusándolo de ‘usurpación’ de funciones.
La Unión Europea había advirtido que “cualquier medida que pudiese poner en riesgo la libertad, la seguridad o la integridad personal representaría una gran escalada de tensiones y merecería la firme condena de la comunidad internacional”. Mientras el gobierno estadounidense de Donald Trump, que no descarta una opción militar en Venezuela, también había asegurado que si algo le sucede a Guaidó habría “serias consecuencias”.
Guaidó había invocado la Constitución para asumir el 23 de enero pasado la presidencia interina del país, declarando a Maduro un usurpador por haber sido reelegido en mayo del año pasado en una votación ampliamente boicoteada por la oposición y descrita por buenas partes de la comunidad internacional como una farsa.
Si bien el índice de aprobación de Maduro oscila entre el 20% y el 30%, Guaidó ahora goza de una popularidad superior al 60%, según una encuesta reciente de la firma privada Datanálisis, sin precedentes para un líder de la oposición durante los 20 años del socialismo venezolano.
Pero el equipo de Guaidó también enfrenta un dilema después del esfuerzo realizado el fin de semana para lograr el paso de ayuda humanitaria al país.
Mientras las imágenes de las tropas venezolanas disparando gas lacrimógeno al convoy de ayuda desataron molestia o ira en buena parte del mundo, algunos simpatizantes de la oposición parecieron decepcionados de que la asistencia no pudiera entrar y de que Maduro pudiera declararse victorioso.
El equipo de Guaidó ha ganado el control de cruciales activos fuera del país, incluida la refinadora Citgo, la filial en Estados Unidos de la estatal petrolera PDVSA, pero aún no controla las fuerzas armadas ni las operaciones de sus puertos o el Banco Central.
El gobierno de Maduro le ha permitido en gran medida llevar a cabo actividades políticas, como mítines y conferencias de prensa, pero parece poco dispuesto a encarcelarlo, incluso ahora que se ha mostrado en rebelión a restricciones legales.
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