El plazo de 72 horas que dio el Consejo de Educación Superior (CES) para que las autoridades de la Universidad de Guayaquil den solución a la inestabilidad en el rectorado vence este lunes 15 de octubre de 2018, a las 16:00.
En una sesión extraordinaria el pasado vienes, el CES reiteró su pedido para que la universidad cumpla con la ley y sus estatutos internos en lo que respecta a la línea de reemplazo o subrogación de rector y vicerrectores. Esto luego de la salida de Galo Salcedo por observaciones de la Contraloría. Y desde los dos frentes en conflicto dentro de la universidad ya se emiten pronunciamientos.
El pasado viernes el Consejo Universitario dirigido por la decana Carmen Bonifaz ratificó a Antonio Rodríguez como rector encargado. Rommel Martínez, procurador de la universidad, dijo que además se pidió al Tribunal Electoral de la universidad que presente una propuesta de calendario para escoger a quienes estarán a cargo de dos vicerrectorados vacantes (Formación Académica e Internacionalización).
Este lunes, un grupo acudió personalmente al CES para entregar la resolución. Quienes apoyan a Gulnara Borja ratifican que ella asumió el rectorado por línea directa de subrogación y anuncian que en 90 días se convocará a elecciones para tres vicerrectorados vacantes (Gestión del Conocimiento, Formación Académica e Internacionalización).
Hoy una comisión también viajó a Quito para entregar su informe al Consejo de Educación Superior. En al menos tres ocasiones Borja ha convocado al Consejo Universitario, pero no ha logrado quórum.
En medio del plazo que dio el CES surgen quejas de un presunto intento de compra de votos. Dos delegados estudiantiles del Consejo Universitario que preside Bonifaz denunciaron que les ofrecieron cargos dentro de la universidad para que, supuestamente, acudan a las convocatorias de Borja.
Carlos Vera, uno de los delegados, presentó un audio en el que, presuntamente, un concejal de Guayaquil le ofrece empleo. “He recibido amenazas. Hoy recibí una llamada de mi hermana y hay gente esperando afuera de mi casa”. Vera dijo que presentaría la denuncia ante la Fiscalía.
Leonela Cedeño, también representante de los estudiantes, presentó otro audio de una llamada que recibió el fin de semana de un exmiembro del Consejo Universitario, aparentemente a nombre de Borja. “Me dijo: Leonela, te ofrezco diez puestos de trabajo de USD 2 000 cada uno para que vengas a conversar con nosotros”. “Esto deja claro que quienes están del lado correcto son los miembros del Honorable Consejo Universitario, porque de lo contrario no habría estas llamadas para ofrecer puestos y dinero, y para amenazar”, dijo José Valdivieso, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) en representación de la Universidad de Guayaquil.
El dirigente estudiantil hizo un nuevo llamado al presidente Lenín Moreno, al CES y a la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) para que actúen frente a la crisis que vive la universidad. Y rechazó la posibilidad de una nueva intervención.
El pasado viernes el CES previno a las autoridades que, en caso de mantenerse las condiciones que generan violencia e inestabilidad dentro de la universidad, evaluarían acciones según el artículo 197 y siguientes de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). El artículo 199 establece entre las causales de intervención “la existencia de situaciones de violencia que atenten contra el normal funcionamiento institucional y los derechos de la comunidad universitaria o politécnica, que no puedan ser resueltas bajo los mecanismos y procedimientos establecidos por las instituciones de educación superior”.
Kevin Rojas, vicepresidente de la FEUE, apoya a Gulnara Borja. Dice que no es la primera vez que subroga el rectorado. “Cuando el exrector Galo Salcedo tenía viajes académicos la doctora Borja lo subrogó en el cargo. ¿Por qué ahora dicen que no cumple los requisitos? Les molesta porque ella ha dicho que no iba a mantener a los mismos funcionarios del exrector”.
Sobre los audios presentados por los delegados estudiantiles, Rojas aseguró que se debe verificar su autenticidad. “Tienen que demostrar quiénes son, con nombre y apellido, y denunciarlos ante la Fiscalía”.
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