El presidente Lenín Moreno no lo mencionó en su cadena de la noche del 12 de septiembre, pero el anuncio del envió a la Asamblea de un proyecto de Ley Anticorrupción, con siete ejes de acción como incautar bienes, recuperación de dinero mal habido, procesos de repetición, entre otros, dejó sin piso la Ley Anticorrupción aprobada por la Asamblea y enviada al Ejecutivo para su aprobación o veto.
La Ley Anticorrupción aprobada por la Asamblea, defendida por sectores afines al correísmo, fue cuestionada principalmente por el exlegislador César Montúfar porque, según dijo, se cambiaba la figura de la asociación ilícita para permitir la libertad del expresidente Jorge Glas, detenido en la cárcel 4 de Quito por una sentencia en su contra en el caso Odebrecht, bajo esa figura penal.
El Presidente Lenín Moreno presentó su propia normativa a Legislativo. Según el primer mandatario el nuevo documento tiene siete ejes: incautar bienes a los corruptos, recuperación del dinero mal habido, procesos de repetición, recompensa, testimonios de quienes sobornaron, proteger a denunciantes y el último, propone que quienes tengan a su nombre bienes que no les pertenezcan tendrán un plazo de noventa días para informar quiénes son los verdaderos propietarios.
En cadena Nacional, Moreno explicó cómo funcionaría la Ley y detalló cada uno de los puntos. “Primero incautar bienes a los corruptos, facilitar la recuperación del dinero mal habido, es decir, quitándoselo a quienes lo robaron. También agilizará los procesos de repetición, esto es cobrar a los funcionarios responsables del manejo de los dineros públicos”.
El Presidente anunció la entrega de recompensas a quienes brinden información “cierta y confiable sobre dónde está el dinero y los bienes robados”. En quinto punto explicó que se facilitará a las personas que incurrieron en un soborno, “denuncie por una vez, sin sanción, a los funcionarios que aceptaron ese dinero”.
Lo do últimos objetivos busca entregar protección a los denunciantes y, a partir de la aprobación de la ley, quienes tengan a su nombre bienes que no les pertenezca tendrán un plazo de 90 días para informar quiénes son los verdaderos propietarios. “Si lo hacen en ese plazo no serán castigados por enriquecimiento injustificado”, comentó.
Moreno hizo un llamado al Consejo de la Judicatura con el fin de que, jueces y fiscales sean los principales aliados en la lucha contra la corrupción.
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