Con 103 pruebas, la Fiscalía acusó a Rafael Correa y Pablo Romero como autores de asociación ilícita y secuestro

miércoles, septiembre 26, 2018

Pérez solicitó a la magistrada ratificar la prisión preventiva, la prohibición de enajenar bienes y la inmovilización de las respectivas cuentas bancarias de los todos los procesados así como las medidas cautelares de protección en favor de Fernando Balda, Raúl Chicaiza y Diana Falcón

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El Fiscal General del Estado Estado, Paúl Pérez Reina, acusó al expresidente Rafael Correa; Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia; Raúl Chicaiza y Diana Falcón, exagentes de la Policía, como autores de los delitos de asociación ilícita y plagio (secuestro) a Fernando Balda, un hecho ocurrido en 2012 en Bogotá.

El Fiscal solicitó a la jueza de Garantías Penales, Daniella Camacho, que lleva adelante el proceso el correspondiente auto de llamamiento a juicio para cada uno luego de presentar 103 elementos de convicción en contra de los procesados.

Pérez solicitó a la magistrada ratificar la prisión preventiva, la prohibición de enajenar bienes y la inmovilización de las respectivas cuentas bancarias de los todos los procesados así como las medidas cautelares de protección en favor de Fernando Balda, Raúl Chicaiza y Diana Falcón, los dos últimos por formar parte del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros de la Fiscalía General del Estado.

En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la Fiscalía presentó las versiones rendidas por funcionarios de la Presidencia, del Ministerio del Interior, de la Secretaria de Inteligencia y los informes periciales que demostrarían que los hechos no fueron aislados sino que obedecieron a una cadena de mando.

La Fiscalía presentó los cotejamientos de las voces de una conversación de 2015 entre Pablo Romero, Raúl Chicaiza y Diana Falcón, cuyo tema principal fue el secuestro a Balda, además de los oficios donde se comprobaría que los exagentes nunca tuvieron autorización para viajar a otro país para realizar un determinado trabajo.

Entre las pruebas también están las cartas de Raúl Chicaiza y Diana Falcón enviadas a Rafael Correa en las que le advierten sobre el descuido o caso omiso de las autoridades de Estado sobre este caso y los testimonios anticipados de los exagentes.

Según “las investigaciones realizadas el delito suscitado en Colombia en 2012, se habría realizado por orden del expresidente de la República, quién aprovechándose de su autoridad dispuso al exsecretario de Inteligencia ubicar y traer a toda costa a Balda al territorio ecuatoriano esto en virtud de que el exasambleista habría hecho pública, en redes sociales, la denuncia de un ciudadano quién aseveró ser víctima de acoso sexual de parte de Rafael C.”, dice el comunicado de la Fiscalía.

Obedeciendo a la cadena de mando, según la Fiscalía, Pablo Romero  dispuso a Raúl Chicaiza, en aquel entonces agente de Inteligencia de la Policía, cumpla con lo dispuesto y este para lograr ese objetivo contrató a cinco personas a las que habría pagado con fondos de gastos reservados del Estado, para no levantar sospechas.

Diana Falcón, según la Fiscalía, a más de acompañar y vigilar las acciones de Raúl Chicaiza, informaba verbalmente a su inmediato superior cada una de las actividades que realizaban en Colombia.

El secuestro a Balda, clasificada como operación balón o Wilson, según la Fiscalía, tuvo su antecedente en la denominada operación Guayacán que planificó la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) para asistir a una reunión de políticos y activistas en Medellín, en el salón Guayacán del Hotel Las Lomas, a la que asistió el expresidente de Colombia Álvaro Uribe y Fernando Balda.

Según la Contraloría General del Estado, para financiar las dos operaciones se utilizó dinero de los fondos especiales de la Senain a través de dos cheques girados a nombre de Raúl Chicaiza, por $10 mil y $11.800, respectivamente. Además, se conoció a través de la información desclasificada por la Secretaria de Inteligencia que existe un documento que detalla la utilización de $43.300 en una operación denominada secuestro.

El Fiscal rechazó todo tipo de presión que han recibido los exagentes de Policía, acto que lo calificó como deslealtad procesal. “Buscamos la verdad de los hechos y los responsables responderán ante la justicia”, dijo.