El Frente de Defensa de la Amazonía aseguró que una vez conocida la resolución de la Corte Constitucional en el caso Chevron continuará las acciones de ejecución en Canadá para cobrar a la transnacional, en vista de que ha prevalecido los derechos de las comunidades afectadas.
Después de 25 años de litigio, el martes 10 de julio de 2018 la Corte Constitucional notificó la sentencia definitiva sobre el caso Chevron en el Ecuador, con la que falló a favor de las comunidades amazónicas, que el 3 de noviembre de 1993 demandaron a la petrolera estadounidense por daños ambientales durante sus operaciones en los años 70.
En 2013, la Corte Nacional de Justicia condenó a Chevron a pagar 9. 500 millones de dólares y enseguida la transnacional petrolera acudió, como última instancia en Ecuador, a la Corte Constitucional. Sus abogados presentaron la acción extraordinaria de protección cuya audiencia se realizó el 27 de junio de 2018.
En la sentencia, firmada por el presidente del máximo organismo de control constitucional, Alfredo Ruiz, declaró que en este caso “no existe vulneración de derechos constitucionales y por tanto negó la acción extraordinaria de protección planteada por la petrolera estadounidense”, que buscaba que se deje sin efecto la sentencia.
El portavoz de Chevron para América Latina, James Craig, defendió la tesis de su compañía y remarcó que el fallo de la Corte Constitucional forma parte presuntamente de un complot para perjudicar a la petrolera.
“La sentencia anunciada por la Corte Constitucional de Ecuador es consistente con el patrón de denegación de justicia, fraude y corrupción contra Chevron en Ecuador”, señaló Craig en un comunicado difundido la noche del martes en Quito.
Craig recordó que hay resoluciones de tribunales de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá y Gibraltar que, para él, “confirman que la fraudulenta sentencia ecuatoriana debe ser inejecutable en cualquier corte que respete el Estado de derecho”.
Para Pablo Fajardo, abogado de la Unión de Afectados por Chevron, la empresa internacional pretende con este tipo de recursos evadir su responsabilidad en el grave daño ambiental que los demandantes le atribuyen haber dejado en las zonas de extracción de crudo que operó en la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1992.
El daño fue causado por Texaco, luego adquirida por Chevron, por lo que los demandantes trasladan a esta firma la responsabilidad y dado que no tiene operaciones en Ecuador la han demandado en tribunales de otros países.
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