El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva quedó con un pie en la cárcel luego de que el tribunal de segunda instancia TRF-4 de Porto Alegre dio luz verde para que el juez Sérgio Moro ordene el ingreso en prisión del expresidente más popular de Brasil en cuanto agote el plazo para recursos dentro de diez días.
El tribunal hace justo dos meses ratificó su condena por corrupción y aumentó la pena de prisión inicial de nueve años de cárcel a 12 años y un mes, en el complejo caso Petrobras.
Lula será, pues, el primer expresidente sobre el cual pesa semejante orden, un precedente para todos los políticos acusados de corrupción que sin embargo disfrutan del aforamiento de sus cargos.
Si estuviésemos hablando de un ciudadano cualquiera, no habría motivo para que la orden no se ejecutase lo antes posible, esto es en 12 días: diez para presentar recursos y dos para responder. El expresidente ya ha ido tejiendo una compleja red de recursos ante varios tribunales que deberían ir retrasando más y más la ejecución de las sentencias en su contra.
Esta sentencia del TRF-4 depende de lo que decida el Tribunal Supremo sobre el recurso de habeas corpus que ya ha solicitado el expresidente. Si concede este recurso, se paralizará la ejecución de la sentencia de la instancia. Si no lo hace y Moro da la orden, Lula no tendrá más remedio que ir a prisión. Pero eso son dos supuestos. Por ahora, Lula es un hombre libre hasta, al menos, el 4 de abril, fecha en la que el Supremo se reunirá para votar.
La espera es corta aunque también es imprevista, reseña El País. El Supremo tenía que haberse pronunciado el jueves pasado pero, en un momento no sin tintes de farsa, uno de los magistrados aseguró que ya había hecho check-in en un vuelo que saldría en unas horas y, ante los ojos atónitos de las incontables personas que seguían el decisivo proceso por televisión, pidió que la sesión se acortase y se votase otro día.
Se acordó el día 4, lo que también ha provocado otro enredo: el juez del Supremo más cercano a los conservadores, y por tanto el más enemistado con Lula, ha anunciado que no podrá presentarse a votar porque ya tiene un compromiso para ese día.
Sin él, la votación quedaría en un empate 5 a 5, lo que, en casos de habeas corpus, significa la aprobación automática. Lula queda fuera de prisión, el país se ahorra una serie de desagradables debates sobre la protección a políticos fuera del cargo, y nadie se habrá manchado las manos defendiéndole.
Lula lidera desde hace años las encuestas de intención de voto a las elecciones de este octubre pero nadie sabe si llegará candidato o no. En el peor de los casos, estará en la cárcel cuando se celebren los comicios; en el mejor, estará recurriendo su condena, lo cual, según la ley Ficha Limpa aprobada en 2010, inhabilita a aspirar a la presidencia.
La estrategia del petista es hacer campaña, mucha y muy escandalosa; de esta forma, llegado el momento de registrarse como candidato en agosto, el Tribunal Superior Electoral lo tendrá más difícil para impedírselo. Y aunque eso ocurra, el Partido de los Trabajadores aún puede recurrir la decisión del Tribunal ante el Tribunal Supremo y seguir haciendo campaña hasta que sea demasiado tarde para uno de los dos bandos.
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