El Consejo de Administración Legislativa (CAL), es el máximo órgano de administración de la Asamblea, integrado por el presidente de ese organismo, José Serrano, dos vicepresidentas, Viviana Bonilla y Carlos Bergman, y cuatro vocales, Soledad Buendía, Verónica Arias, Luis Fernando Torres y Patricio Donoso. Son los mismos integrantes que en una primera instancia negaron el juicio político contra el vicepresidente sin funciones Jorge Glas, alegando falta de pruebas, pese a la serie de denuncias que existían en el caso de la trama de sobornos montada por la constructora brasileña Odebrecht.
“La única posible prueba de relación directa de responsabilidad del Vicepresidente no tiene validez, ya que fue obtenida de manera ilegal y no puede constituir prueba alguna en el marco del debido proceso”, dijo el presidente de la Asamblea a mediados de julio de este año.
La tarde de ayer, el CAL debía volver a reunirse a las 17:00 para tratar sobre el pedido del juicio político contra Jorge Glas, pero más de una hora después Serrano apareció en su cuenta de Twitter para anunciar que ese organismo ha decidido dar 72 horas de plazo al proponente del juicio, el legislador Roberto Gómez Mera para que corrigiera y ampliara la documentación.
El legislador aludido ni corto ni perezoso anunció casi de inmediato ante la prensa en la Asamblea que en ese mismo momento entregaba la nueva documentación para que el CAL la analizará de inmediato y pudiera tomar un decisión la misma noche. Pero no, los miembros del CAL decidieron mantener para el domingo la reunión en la que resolverían si envían la documentación a la Corte Constitucional o archivan por segunda vez el pedido.
El CAL ha actuado de manera torpe en un caso que ha dado la vuelta al mundo. No ha podido recuperar el poder legislativo que el anterior gobierno le quitó cuando convirtió a la Asamblea en una dependencia más de Carondelet. El ex, ahora residente en Bélgica, pedía un juicio contra Kléver Jiménez, pues la Asamblea inmediatamente procedía a autorizarlo; que el ex quería más impuestos, pues se aprobaba con el cambio de alguna coma para dar a entender que actuaba con independencia; que el ex decía que era el jefe de todos los poderes del Estado, pues la Asamblea hacía mutis por el foro.
Es un organismo que solo consume recursos públicos en tablets, smatphones, asesores… Es una Asamblea que sigue dominada por un grupo mayoritario acostumbrado a recibir órdenes en las sabatinas y callar.
No solo el país sino el universo entero, parafraseando al ex, conoció una sentencia histórica, de trascendencia esta vez si mundial, en un proceso minuciosamente documentado. Y el hecho de que el CAL haya decidido postergar su decisión por cuestiones burocráticas solo da entender que su intención sigue siendo la de lavarse las manos, no tomar decisiones, no asumir el bochorno internacional que significa para el país tener un vicepresidente preso y con sentencia por un caso de corrupción, uno de los más graves que enfrenta Latinoamérica.
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