La Ley de Reactivación no sacará al Ecuador de la crisis. La coyuntura exige un plan con objetivos claros

viernes, diciembre 15, 2017

En las actuales circunstancias, la Ley de Reactivación Económica representa un paño de agua tibia ante una economía en crisis cuyos síntomas deben ser atacados con urgencia.

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En el trámite de ida y vuelta entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, la Ley de Reactivación Económica alcanzó algunos acuerdos mínimos. Sin embargo, el nuevo cuerpo legal, vetado parcialmente por el presidente Lenín Moreno, no compensa lo que realmente necesita el Ecuador en la actual coyuntura: un programa económico con objetivos claros para salir de la crisis.

Aunque el Legislativo cambió más de la mitad del contenido del proyecto económico-urgente, fueron respetados ciertos consensos como la exoneración del Impuesto a la Renta hasta por cinco años para cooperativas, cajas de ahorro, bancos y cajas comunales, entre otras medidas orientadas a fortalecer el sector financiero popular y solidario.

Por su parte, en el veto parcial remitido a la Asamblea, el presidente Lenín Moreno mantiene el incremento de tres puntos porcentuales al Impuesto a la Renta para las grandes compañías. Además, insiste en el manejo del dinero electrónico por parte de la banca privada, aspecto que había sido eliminado por la Asamblea.

Aunque es tarde para “llorar sobre la leche derramada”, tal vez el proyecto no hubiese sufrido tantos cambios si es que el diálogo convocado por el gobierno desembocaba en un documento piloto, resultado de un consenso con los actores de las cadenas productivas, la banca y otros. De ese modo la Asamblea habría recibido un proyecto depurado.

En todo caso, en las actuales circunstancias la Ley representa un paño de agua tibia ante una economía en crisis cuyos síntomas deben ser atacados con urgencia. Los últimos tiempos, el país atraviesa una etapa de inflaciones mensuales bajas, ocasionadas por una disminución del consumo, condición que -de continuar al mismo ritmo- puede llevar a una deflación. Un escenario difícil para las empresas porque no podrían invertir para ampliar su capacidad productiva, los precios de los bienes bajarían, lo que repercutiría en una baja o nula rentabilidad.

Para graficarlo de otra manera: la Ley de Reactivación Económica es comparable a una persona en situación de desempleo que es contratada temporalmente por un amigo para realizar un trabajo. Eso le ayuda a subsistir un tiempo pero no resuelve el problema de fondo, que solo se logra con un empleo estable y todos los beneficios de ley.

Capítulo aparte es el tema del dinero electrónico. La Ley establece la corresponsabilidad del sector financiero nacional de traer la liquidez necesaria (billetes físicos) en caso de que el Banco Central del Ecuador (BCE) no pueda cumplir con las metas de sustitución del dinero físico. Así, el gobierno coloca a la banca privada al mismo nivel del Central.

Como hace poco expresó el presidente de Asobanca, Julio José Prado, esta disposición no es otra cosa que una estrategia disfrazada para que la banca traiga sus recursos de afuera en caso de producirse un faltante de liquidez en el sistema. Esta es una contradicción muy grave porque se trata de una función privativa del BCE.

En un sistema dolarizado hay ciertos conceptos que deben respetarse. Por un lado, el gobierno dice que el objetivo es apuntalar la dolarización, pero en la práctica daría la impresión que busca remover sus cimientos. Los temas relacionados con la banca son asuntos técnicos, de ahí que llevar la política hacia lo puramente técnico es una mala combinación. Una combinación fatal.

Hoy por hoy, casi todos los movimientos financieros de las personas se pueden realizar a través de canales electrónicos, siempre y cuando tengan un respaldo monetario (dinero físico) del usuario. El mejor ejemplo es la tarjeta de débito.

En el caso del dinero electrónico, la banca privada únicamente debería ofrecer la plataforma informática porque tiene la suficiente experticia, sin tener que pagar un precio tan alto como verse abocada a cubrir los faltantes de dinero líquido en que pueda incurrir el BCE. La norma antitécnica podría llevar a una emisión inorgánica electrónica de dinero.

Retomando el tema de que es imprescindible un plan económico, este debería apuntar a dos aspectos fundamentales: reducir el tamaño del Estado y disminuir el déficit fiscal. El primero es el paso más fuerte porque inicialmente puede generar desempleo. El otro tiene que enfocarse en la reactivación del sector productivo, con líneas de crédito, mejores tasas de interés, rebajar ciertos impuestos, atraer la inversión.

De esa forma habrá un giro en el modelo económico, porque es insostenible el actual cuya variable de ajuste es el gasto público. Desde luego, el modelo no puede cambiar la visión social que pone al ser humano como centro.

En cualquier parte del mundo el combate a la inflación y el desempleo se encuentran entre los objetivos principales de una política económica. Aquí hace falta generar empleo, reactivar el aparato productivo para que haya consumo, y que la inflación real venga por el lado de la demanda no por el de los costos.

Mirado en perspectiva, el presidente Lenín Moreno ha dado señales de querer afianzarse en lo político a través de la consulta popular que se llevará a cabo el próximo 4 de febrero, para luego dar el siguiente paso, esto es presentar un verdadero programa económico.

No obstante, desde el pasado 24 de mayo, cuando Moreno asumió el mando, han transcurrido casi siete meses sin un programa económico. Esto deriva en el incremento del riesgo país, priva al país de nuevas inversiones y genera encadenamientos que impedirán un crecimiento sostenido en el tiempo. Puede que al cierre de este año el Producto Interno Bruto (PIB) llegue a un 0,2% luego de haber caído 1,5% en 2016. Sin embargo, la ausencia de una hoja de ruta podría provocar un nuevo decrecimiento.