Reforma tributaria o más impuestos, una receta conocida que impedirá una vez más la reactivación de la economía

lunes, noviembre 13, 2017

Daría la impresión que a los ciudadanos nos “exprimen” para mantener una burocracia que sigue engordando, con la transferencia de millones de dólares que se van en viajes, viáticos, autos, incrementos de sueldos...

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A medio año de inaugurado, el gobierno del presidente Lenín Moreno, no presenta novedades en materia económica. El proyecto de Ley Orgánica para la Reactivación Económica del Ecuador, enviado a la Asamblea Nacional con el carácter de urgente, exhibe la manida receta de cargar tributos a los ciudadanos.

“¿De dónde puedo sacar más rentas?”, parece haber sido la premisa de los creadores del proyecto. Veamos:

De aprobarse la propuesta del Ejecutivo, las personas que ganen más de $3.000 mensuales y tengan pocas cargas familiares o ninguna serán gravadas por dos vías: 1) la deducción de gastos personales del Impuesto a la Renta estará atada al número de cargas familiares, esto es quienes tienen más cargas tributarán menos y los que tienen pocas o ninguna contribuirán más; y, 2) la aplicación del Impuesto a la Renta al décimo tercer sueldo.

En principio, estas medidas afectarían a unas 50.000 familias, que de esa forma entregarían unos $50 millones extras al fisco. Los recursos pasarán a engrosar la suma de $1.900 millones, que es el objetivo macroeconómico del gobierno para sortear la difícil situación financiera que atraviesa el Estado.

En realidad, la medida más fuerte de este proyecto recaudatorio, es la aplicación del incremento de tres puntos porcentuales del Impuesto a la Renta (IR), del 22 al 25%, para las sociedades. Además abarca el 15% de la participación de los trabajadores, pues las empresas suelen considerarlo al momento de calcular este tributo. Es decir, la verdadera carga para las empresas de esta vieja redistribución del ingreso cuesta 36,25% y le pone al Ecuador entre los países con más Impuesto a la Renta por parte de las empresas.

Según las autoridades económicas, el proyecto cumple el dicho: “los que más tienen, más pagan”, pero la frase suena hueca, porque el aumento indefectiblemente será trasladado al consumidor final y en esa orilla se encuentran millares de personas de medianos y bajos recursos. Ahí está el verdadero impacto.

Asimismo, serán gravados con una tasa de entre 0,5% y 2% los retiros en efectivo superiores a los $4.000. Detrás está la necesidad que tiene el gobierno de fomentar el manejo del dinero electrónico para restringir el uso de circulante y evitar el alto costo que representa importar billetes desde el extranjero. De esta forma el Estado traspasará a los usuarios de dinero en efectivo (o sea todos), el costo de la logística de traer moneda.

Cabe advertir que la intención de promover el uso de otros medios de pago (el proyecto faculta a la banca a crearlos) es una apuesta arriesgada, porque podría entreabrir una rendija para abandonar la dolarización. El pago a través de medios alternativos implantaría una especie de convertibilidad: 1 (dólar físico) x 1 (dólar electrónico). Por eso no sería descabellado que mucha gente que reciba el sueldo en dinero electrónico, corra de inmediato a cambiarlo por billetes para guardarlos.

En valores nominales, la expectativa de crecimiento de los ingresos del país es de aproximadamente $3.000 millones. De ese total, tendremos que entregar $1.900 millones en tributos adicionales, incluyendo la tasa de 10 centavos adicionales para que la Aduana ahora sí haga su trabajo; y, en definitiva, porque esta nueva exacción es lo que necesita el gobierno para las penurias de la caja fiscal y  como siempre la pagaremos todos.

La Proforma Presupuestaria para 2018, fijada en $34.853 millones, es menor en aproximadamente $2.000 millones a la actual. Obviamente, la rebaja global es correcta. No obstante, una mirada más atenta deja ver que el gobierno se ha decantado por reducir la inversión en obra pública, pero mantiene intacto el Estado obeso con el incremento del gasto corriente. La lógica de subir los sueldos en las áreas de educación, salud y alguna otra área gubernamental, crea una suerte de castas, porque unos empleados públicos gozarán del beneficio, por encima de otros.

Lo antedicho, sin entrar a comparar el tamaño de los latisueldos que paga el sector público con relación al privado. A nivel de mandos medios, los empleados del Estado ganan entre un 50% y un 100% más que los privados.

Visto así, daría la impresión que a los ciudadanos nos “exprimen” para mantener una burocracia que sigue engordando, con la transferencia de millones de dólares que se van en viajes, viáticos, autos, teléfonos móviles e incrementos de sueldos. De esta manera se nutre la más segura clientela de votantes que puede tener un gobierno: la burocracia.

Como menciono en párrafos anteriores, la imposición de nuevas contribuciones y tasas responde a la situación de penuria fiscal, a la necesidad que tiene el Estado de contar con recursos para cubrir el hueco de entre $8.000 y $9.000 millones, que dejará el pago de la deuda externa el próximo año.

En su más reciente libro, titulado Ecuador entre dos siglos, el ex presidente Osvaldo Hurtado (1981-1984), señala que en los últimos cuarenta años el Ecuador ha atravesado cuatro crisis, todas tienen como denominador común la caída de los precios del petróleo. La de ahora no es la excepción.

Esto significa que no hemos aprendido la lección. Eso precisamente es lo que se le increpa a Rafael Correa, en cuyo gobierno se registró una bonanza sin precedentes por los altos precios del petróleo, pero su régimen no creó un fondo de estabilización para atravesar las épocas difíciles.