El presidente Michel Temer ordenó, por decreto, el uso de las Fuerzas Armadas para reprimir las protestas como las de Brasilia en las que participaron las mayores confederaciones gremiales de Brasil: la Fuerza Sindical –cuyo titular el diputado Paulinho Pereira apoyó el impeachment de Dilma Rousseff- y la Central Unica de Trabajadores (CUT, vinculada al PT).
El ministro de Defensa aludió a la “conmoción” y al “descontrol” con episodios de vandalismo y depredación durante las protestas. Las filmaciones realizadas por canales de TV y por manifestantes mostraron que la marcha, que llegó a juntar 35.000 personas –un récord tratándose de Brasilia–, cifra dada por la policía militar del Distrito Federal, salió en orden desde el estadio Mané Garrincha. Cuando llegaban al Congreso, una barrera los detuvo y la policía militar empezó a arrojar gases lacrimógenos.
Grupos pequeños de personas encapuchadas y con las caras cubiertas se dirigieron hacia los ministerios de Hacienda y de Agricultura, e intentaron prenderles fuego.
El gobierno de Michel Temer ordenó entonces la evacuación general de los edificios de la Explanada de los Ministerios, la avenida central donde se están localizadas todas las reparticiones.
La polémica decisión de activar a las Fuerzas Armadas para disolver la manifestación le ha supuesto a Michel Temer un nuevo fuego político. Primero por por las críticas de todos lados del espectro político por haber tomado una medida exagerada para muchos. Pero sobre todo porque la autoría de la idea se ha convertido en el asunto de la tarde.
Cuando el ministro de Defensa anunció la medida, se encargó de destacar que el presidente solo estaba cumpliendo con lo que le había solicitado el presidente de la Cámara de los diputados, Rodrigo Maia. Minutos después Maia ya insistía en que el presidente se estaba refugiando en la semántica: él no había pedido la intervención del Ejército, solo un refuerzo para las fuerzas nacionales que estaban enfrentándose a los manifestantes.
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