El control social

El papel del Consejo de Participación Ciudadana fue uno de los temas centrales de la campaña electoral, sobre todo en el lado de la oposición. Desde ahí se han nombrado a todos los funcionarios de los organismos de control y, coicidencialmente, todos han sido cercanos o afines al Gobierno de AP.

Ahora, desde el oficialismo se ha presentado en la Asamblea un proyecto para implementar el Código Orgánico del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, que no solo fortalece a esa institución, sino que le da un poder casi absoluto hasta con capacidad para inhabilitar candidatos y cerrar organizaciones no gubernamentales.

El proyecto implementa un nuevo Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, que regula los requisitos y procedimientos para otorgar personería jurídica a las organizaciones sociales. Un Decreto 16 elevado a Ley con mayor poder sobre la sociedad civil.

El Consejo tendrá la potestad, según el proyecto, para crear un Subsistema de Registro Único de Organizaciones Sociales en las que estas deberán registrar sus metas, sus directivas y sus estatutos que estarán sometidos a su aprobación. Y todas podrán ser disueltas por desviarse de los fines para los que fueron creadas, incumplir sus estatutos, y “dedicarse a actividades de política partidista que atenten a la seguridad interna y externa del Estado o que afecten a la paz pública”.

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) ha cuestionado el proyecto en un extenso comunicado: “¿Qué dimensiones y alcances tiene la paz pública? ¿Cómo se determina y/o cuantifica?” Pero el proyecto no solo santifica un Consejo muy cuestionado por la discrecionalidad con la que ha nombrado a los funcionarios de los organismos de control sino que le da un poder casi absoluto sobre las organizaciones sociales.

Mayor control social parece que será la consigna de confirmarse el triunfo del oficialismo en las últimas elecciones presidenciales.