El guión se repite con meticulosa religiosidad. Las autoridades de control que han sido leales al Gobierno renuncian y se someten a lo que se ha dado en llamar Concurso de Merecimientos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un organismo pensado y gestado en la Constituyente de Montecristi para supuestamente dar a la ciudadanía un mayor control sobre sus autoridades.
Y sin mayores problemas son reelegidos. Ha pasado ya con las autoridades del Consejo Nacional Electoral, pasó luego con el Defensor del Pueblo y ahora con el Contralor. Todos obtienen puntajes perfectos y sus impugnaciones quedan en nada.
El mismo guión está por cumplirse con el Fiscal General de la Nación, donde un asesor del presidente de la República también tiene el puntaje perfecto.
Sería necio dudar de las credenciales de las autoridades electas. Tal vez tienen sobra de merecimientos para ocupar cargos hasta de mayor responsabilidad, pero siempre queda la pregunta, ¿por qué nadie que no sea cercano al Gobierno alcanza los méritos suficientes para ocupar esos cargos que no son de elección popular?
El problema tal vez no sea el de los candidatos. El problema tal vez sea el de un organismo pensado para dar mayor poder a la ciudadanía sobre sus autoridades de control, pero que en el camino ha confundido el término ciudadanía o pueblo con el de partido o movimiento político.
Un organismo que ha convertido al supuesto poder de los ciudadanos en un círculo herméticamente cerrado que se reserva el derecho de admisión, como el poder que tiene el portero de un club privado exclusivo.
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