La oposición venezolana, la OEA y varios países de la región más el bloque de la Unión Europea y Estados Unidos han denunciado el quebrantamiento del orden democrático en Venezuela luego de que el Tribunal Supremo de Justicia, órgano controlado por el chavismo decidiese retirar las competencias a la Asamblea, con mayoría opositora, por estar en “desacato” con sus órdenes promulgadas.
Julio Borges, presidente de la Asamblea, ha denunciado que Nicolás Maduro ha organizado un golpe y ha pedido al Ejército que rompa su silencio ante la “ruptura del orden constitucional”.
Borges rompió la sentencia y luego la calificó como basura frente a las cámaras de televisión acompañado por diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). “El Gobierno secuestró la libertad y los derechos de los venezolanos”, agregó.
La sentencia número 156, divulgada el miércoles por la noche, ordena que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia o una instancia que esta designe asuma el rol del Legislativo para garantizar el “Estado de derecho”.
“Sabemos que los oficiales de la FAN (Fuerza Armada Nacional) sufren el mismo drama del costo de la vida, de la violencia. Queremos hacer un llamado para que sean los primeros guardianes de la democracia y de la Constitución en Venezuela y se conviertan en parte de la solución”, indicó.
Entre otros argumentos, el tribunal defiende que se han juramentado tres de los cuatro diputados del Estado de Amazonas a la Asamblea Nacional cuya investidura había sido impugnada por supuestas irregularidades en su elección.
Hace dos días, el máximo tribunal arrebató a los diputados opositores la inmunidad parlamentaria y concedió atribuciones especiales al presidente Nicolás Maduro en materia penal, militar, económica, social, política y civil.
“Me están facultando con un poder habilitante especial para defender la institucionalidad, la paz, la unión nacional y rechazar amenazas de agresión o intervencionismos contra nuestro país. Esta es una sentencia histórica”, dijo el mandatario venezolano.
Este fallo se justifica en el estado de excepción vigente en Venezuela, aunque su Constitución no establece la desaparición de los poderes públicos.
Los opositores acudieron a la sede del Tribunal Supremo en el centro de Caracas, donde se encontraron con un cerco militar y un grupo chavista. En la trifulca entre la Guardia Nacional y los parlamentarios ha resultado herida Ana Vargas, una periodista del canal de la Asamblea Nacional, Capitolio TV. También han sido golpeados los diputados Juan Requesens y Carlos Paparoni.
El Supremo, que ha emitido 56 sentencias contra el Parlamento desde enero de 2016, deja ahora a los diputados opositores en manos del chavismo, que ha acusado a los asambleístas de traición a la patria por apoyar al secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Borges ha convocado a los ciudadanos a tomar acciones en las calles este sábado 1º de abril para protestar en contra de las decisiones del Tribunal. “Esperamos que el pueblo nos acompañe, sabemos que hay miedo y represión, pero es el momento de ponernos de pie. Venezuela tiene hambre de alimentos, justicia y libertad”, declaró Borges.
El parlamentario no brindó detalles de la movilización debido a que el Gobierno Nacional puede reprimir desde ya la convocatoria; y a su vez, informó que la próxima semana la alianza opositora realizará “una gran acción de calle”.
“Este Gobierno está tan débil y fracturado que lo único que le queda es violar la Constitución. Los magistrados del TSJ no saldrán impunes de esto, están cometiendo crímenes de lesa humanidad”, dijo.
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