La propuesta de la Asamblea era que el sistema sea operado por el Banco Central, pero finalmente ganó la posición del gobierno con 82 votos a favor, 29 en contra y cinco abstenciones.
El expediente pasará a la Corte Constitucional, que deberá dictaminar el proceso para que se active la fiscalización. Quedó fuera el caso Caminosca y se mantuvieron los casos Singue, Petroecuador y Odebrecht.
En la misiva también se asegura que el referéndum y la Consulta Popular propuestas por el Ejecutivo han sido convocadas con “irrestricto apego a la Constitución y la normativa interna”.
Parece de campeonato el cinismo de Rafael Correa al pedir que la OEA aplique la Carta Democrática cuando su régimen la negó para Venezuela y la repudió cuando se violaban los derechos humanos en el ...
En las actuales circunstancias, la Ley de Reactivación Económica representa un paño de agua tibia ante una economía en crisis cuyos síntomas deben ser atacados con urgencia.