Ecuador y Estados Unidos han mejorado sus relaciones en los últimos meses, a tal punto que en estos 40 días vino la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, y dentro de unas pocas horas aterrizará el secretario de Estado, Marco Rubio. La agenda está clara y se la puede resumir en migración (incluye la aceptación de refugiados en el Ecuador) y narcotráfico (cooperación con información, tecnología, formación), que son objetivos sobre todo de Estados Unidos.
No se puede perder de vista que su política macro es Make American Great Again (MAGA), y que las migraciones ilegales y las drogas son vistas como una amenaza para su seguridad nacional. En varias oportunidades y con diversos voceros han dicho -para justificar las detenciones, arrestos y expulsiones- que dentro de la gente que ha llegado a Estados Unidos hay miembros de bandas criminales y, por tanto, deben expulsarlos.
Bajo esa misma visión también declararon terroristas de alcance global -a fin de que sean perseguidos por todo el planeta- a ocho carteles de la droga y, América Latina, tiene a varios de ellos -Jalisco Nueva Generación, los Soles, Sinaloa, Tren de Aragua, Salva Trucha, entre otros-. Y un paso adicional y sin precedentes fue la movilización de tropas estadounidenses en el mar Caribe, hace pocos días, con lo que no solo cortaron un importante corredor de narcotráfico, sino que enviaron un mensaje a los carteles sobre que es real la posibilidad de que haya una intervención armada (claro que si no la hay también constituye un riesgo para los mismos Estados Unidos, que deben ya haberla sopesado), lo que además gravita en las reacciones que tengan los mismos grupos criminales, que seguramente ya están trabajando en caminos distintos para mover su mercancía.
En el caso de Ecuador, la guerra contra los grupos delincuenciales es el campo de batalla principal de Daniel Noboa. Ellos también fueron declarados como terroristas y abarcan organizaciones nacionales e internacionales, entre ellos tres microcarteles que son los que más violencia han sembrado en los últimos meses: Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones.
Pese a los esfuerzos desplegados, los niveles de violencia persisten y se reflejan en los miles de muertos que se registran desde hace cuatro años. Los arrestos de cabecillas, de decenas de integrantes de los grupos delincuenciales, la deportación de alias Fito a Estados Unidos, la sanción a Los Lobos por el Departamento del Tesoro, la presencia militar en cárceles, los intentos de control de puertos, la incautación de drogas, de armas, de dinero… son algunos de los hechos constantes en estos meses.
Así, la guerra contra las drogas, versión Trump, es eso, guerra. El problema es que aquello no resolverá del todo el problema ni para productores ni para consumidores. Para los primeros hay un problema económico, de posibilidades, de desarrollo, de oportunidades. Para los segundos también tiene que ver con oportunidades, con posibilidades, con campañas de prevención, con educación, con salud. Y si lo vemos a nivel de países, también es un tema de economía profundo, ya que el dinero ilícito y el lícito se mezcla, por más esfuerzos internacionales que se hagan para controlar aquello.
El problema del narcotráfico necesita soluciones más profundas, alternativas reales para los países consumidores y productores. Enviar mensaje de toma de decisiones, de mano dura, de fuerza, no siempre es suficiente, especialmente cuando la criminalidad ha hecho mucho daño en las democracias más débiles -las de América Latina– y que son las que, una vez más, no solo pondrán los muertos, sino que soportarán el miedo y el desgaste que implican las guerras.
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