A finales de junio, una serie de audios revelados por El País muestran al excanciller Álvaro Leyva discutiendo un supuesto complot para derrocar a Gustavo Petro en 20 días, con respaldo del ELN, el Clan del Golfo e incluso congresistas republicanos estadounidenses. En las grabaciones, Leyva no sólo plantea la remoción de Petro, sino que afirma que Francia Márquez, la actual vicepresidenta, estaría “lista” para asumir la presidencia.
Petro, desde Sevilla, calificó el plan como un “golpe blando” y denunció que los actores involucrados pretendían debilitarlo usando a Márquez como instrumento político. Además, anunció que presentará denuncia penal contra Leyva por conspiración y traición a la patria.
Francia Márquez rechazó con firmeza cualquier insinuación de complicidad y solicitó que la Fiscalía investigue los hechos, afirmando que “jamás me he prestado para conspiraciones” y que su conciencia está tranquila.
El escándalo ha generado tensiones dentro del oficialismo: algunos sectores han sugerido que Márquez debería apartarse si los audios se comprueban. La Fiscalía abrió una investigación para determinar responsabilidades.
Este episodio puede marcar un punto de inflexión en la relación entre Petro y su vicepresidenta, y plantea interrogantes sobre el uso político de las instituciones en medio de tensiones internas.
Para Ecuador, este caso evidencia cómo conflictos de poder en países vecinos pueden impactar la estabilidad institucional regional y generar tensiones en procesos de integración o cooperación binacional.
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