El Gobierno ecuatoriano anunció el reinicio del catastro minero, medida que pone fin a siete años de moratoria en nuevas concesiones. Esta decisión fue impulsada por la creciente violencia en la Amazonía, especialmente tras la emboscada en Alto Punino, Orellana, donde 11 militares fueron asesinados durante un operativo contra la minería ilegal.
Con esta reapertura, se busca atraer inversiones legales y formales que permitan al Estado tener mayor control sobre la actividad extractiva y desplazar a organizaciones criminales. La medida aplica en 18 de las 24 provincias del país.
Sin embargo, líderes indígenas y organizaciones ambientalistas han expresado preocupación. Denuncian que no se están cumpliendo los procesos de consulta previa y que los impactos ambientales y sociales podrían agravarse. El dirigente de la CONAIE, Leonidas Iza, advirtió que estas decisiones podrían llevar a nuevas movilizaciones nacionales.
El Ejecutivo ha prometido reforzar los controles institucionales, mejorar los mecanismos de fiscalización y generar condiciones para una minería responsable. A su vez, se ha comprometido a investigar concesiones anteriores marcadas por irregularidades.
La decisión genera expectativas en el sector económico, pero también tensiones sociales. En regiones como Zamora Chinchipe o Morona Santiago, donde la minería ha generado conflictos históricos, se teme un repunte de la conflictividad.
Para Ecuador, esta política se presenta como un intento de equilibrar seguridad, desarrollo y control ambiental. Su éxito o fracaso podría tener efectos determinantes en la gobernabilidad del actual período presidencial.
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