senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay continúa en estado grave, tras haber sido víctima de un atentado el pasado viernes 7 de junio, durante un acto político en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, en Bogotá.
Uribe recibió disparos a quemarropa por un menor de edad, que se acercó por detrás y le propinó al menos dos impactos en la cabeza y uno en una pierna, según versiones médicas y de seguridad. El agresor, de 14 años, fue detenido en el lugar por las autoridades y permanece bajo custodia.
El senador fue trasladado inicialmente al Centro Médico de Engativá y posteriormente a la Fundación Santa Fe, donde fue sometido a cirugías neuroquirúrgicas y vasculares. Su pronóstico sigue siendo reservado, aunque fuentes médicas han confirmado que las intervenciones fueron exitosas. Uribe permanece en unidad de cuidados intensivos, y su estado es muy grave, según informó su familia.
Además del senador, al menos tres personas resultaron heridas durante el ataque: un hombre de 20 años, una mujer de 36 y otro menor de edad.
La Fiscalía General de la Nación investiga el hecho como parte de un posible plan criminal orquestado, y no como un acto aislado. Se analizan las comunicaciones y vínculos del menor con redes ilegales, y el Gobierno ha ofrecido una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos a quien entregue información que permita identificar a los autores intelectuales.
El atentado ha generado un amplio rechazo político y social. El presidente Gustavo Petro lo calificó como “un atentado contra la democracia”, mientras líderes nacionales e internacionales —incluidos los presidentes de Ecuador y Chile, y autoridades estadounidenses— expresaron su solidaridad con el senador y su familia.
Uribe Turbay, de 39 años, es senador por el Centro Democrático y uno de los más visibles críticos del gobierno actual. Su nombre sonaba con fuerza como precandidato presidencial para las elecciones de 2026.
Las autoridades reforzaron la seguridad de otros líderes políticos y llamaron a moderar el tono del debate público, ante la creciente preocupación por el riesgo de recrudecimiento de la violencia política en Colombia.
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