Huracanes, erupciones volcánicas y terremotos, entre otros, hacen que América Latina y El Caribe sean un hervidero de desastres. Si a ellos se le suman, además, otros factores se convierte en una “región multiamenaza”.
“La combinación de amenazas climáticas y geofísicas, sumada a crisis económicas y sociales, agrava los efectos de los desastres”, dice a DW Nahuel Arenas, jefe de la Oficina regional para América Latina y El Caribe de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos y Catástrofes, que ha presentado, recientemente, el Informe de Evaluación sobre el Riesgo de Desastres en América Latina y el Caribe Regional (RAR24).
Según el reporte, sólo el 6% del dinero destinado a la gestión de desastres en la región se dedica a la prevención. En la actualidad hay muchos países en que la “gestión de desastres se percibe como un problema reactivo más que preventivo”, lamenta.
Así, según el informe, el 78% de los fondos se destina a la respuesta a los desastres y el 18% a mitigación. “Refleja una falta de planificación estratégica y de incentivos políticos para invertir en la reducción del riesgo”, critica el directivo, apuntando que deben diversificarse los recursos económicos para acciones de prevención, reducción de riesgos existentes y de respuesta y recuperación de los desastres. “Debemos encontrar un equilibrio y avanzar en acciones preventivas, especialmente en la construcción de infraestructura nueva, que aún está en desarrollo en la región”, asegura Arenas.
Así lo confirma Juvenal Medina Rengifo, Presidente del Centro de Estudios y Prevención de Desastres (Predes) en Perú, dónde “aún existen grandes brechas que cerrar en la reducción de la vulnerabilidad”.
“En la medida que crecen las poblaciones en Perú se generan inversiones en nuevas infraestructuras en las zonas periurbanas de las ciudades sin un adecuado ordenamiento para la planificación del desarrollo basado en el conocimiento y comprensión del riesgo”, lamenta en conversación con DW.
América Latina y El Caribe pierden anualmente más de 58.000 millones de dólares en infraestructuras por desastres y a ello hay que sumarle “las pérdidas indirectas en empleo, educación y salud”, advierte Arenas. “En muchos de los casos se reincide en reinstalar las condiciones de vulnerabilidad preexistentes generando nuevos riesgos, traen consigo el inevitable incremento de la vulnerabilidad”, complementa Medina.
Inundación en Lima. Según el informe ‘WorldRiskReport 2024’, Colombia, México y Perú, se encuentran entre los seis países del mundo con mayor población en riesgo.Imagen: El Comercio/Zuma/picture alliance
La falta de herramientas y de participación de las comunidades locales, así como la fragmentación de políticas e instituciones son algunas de las dificultades. “Un problema estructural es que muchos países ni siquiera etiquetan adecuadamente el gasto en la reducción del riesgo lo que dificulta la transparencia en la asignación de recursos”, lamenta el jefe de la Oficina Regional de la ONU.
De estos, un alto porcentaje, que en algunos casos alcanza el 60%, no llega a ejecutarse, lamenta Arenas, reclamando “transformar la manera en que se planifican e implementan las inversiones en desarrollo”. “Al ocurrir una emergencia o desastre, eso tiene un impacto negativo en las comunidades, dejando una deuda de desarrollo”, complementa Irasema Magaña, directora de Gestión Integral de Reducción del Riesgo de Desastres de Guatemala, otro de los países que forman parte de los casos de estudio del informe.
Arenas aboga por una “coherencia entre las acciones relacionadas con el riesgo de desastres, el cambio climático y el desarrollo”, y apunta a la cooperación internacional. El informe alerta que mientras menos del 1% de la Asistencia Oficial para el Desarrollo en la región se dedica a la reducción del riesgo de desastres, el porcentaje sube a un 6% si se considera la adaptación al cambio climático. “Eso muestra una falta de alineación entre los flujos de financiamiento y las necesidades reales de reducción del riesgo en la región”, critica.
Volcán de Fuego en Guatemala.Imagen: Moises Castillo/AP Photo/picture alliance
A pesar de ello, países como Colombia, Perú, Haití, Bolivia y República Dominicana han podido llevar a cabo avances en la reducción de riesgos de desastres gracias a la cooperación internacional, al ser los mayores beneficiarios de esta ayuda.
En 2010, Perú creó un Programa Presupuestal Estratégico de Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (PREVAED). Según el informe 2024, dicho programa ejecutó un promedio anual de 648,24 millones de dólares en el período 2014-2023, un 1,28% del presupuesto del país. “Representa un porcentaje muy reducido para pensar que se reduce el riego. De acuerdo a las escalas de evaluación del Fondo para Intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES) un porcentaje óptimo es el 3,1 %”, asegura el presidente del organismo peruano.
Por su parte, Guatemala cuenta desde 1996 con el Fondo Nacional Permanente para la Reducción de Desastres dotado de 10 millones de quetzales, en la actualidad. “Siendo conscientes que este rubro es insuficiente ante eventos mayores, se han elaborado otras estrategias para financiar las emergencias”, dice Magaña, apuntando a la creación del Fondo Emergente, en 2012, dotado de 110 millones de quetzales, que se activa en caso necesario.
(ers)
Texto DW
¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!
Impacto de las plantaciones forestales en los escarabajos peloteros
Avanza la investigación de arácnidos en Ecuador
La sostenibilidad de la DOLARIZACION va más allá de enmiendas constitucionales
¿Cómo afectará la suspensión de USAID a Ecuador y al medio ambiente?
USFQ fortalece la colaboración científica internacional para el desarrollo de tecnología