Las empresas que, sin autorización del usuario, hagan llamadas publicitarias, para ofertar promociones o para cobrar una deuda estarán bajo supervisión de la Superintendencia de Protección de Datos Personales.
Este organismo acoge denuncias desde noviembre del año pasado, cuando se aprobó el reglamento para el trámite, antes las recibía la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y la Dirección Nacional de Registros Públicos, pero no había claridad sobre el control y sanciones cuando se vulneraba la privacidad de los datos personales.
La Superintendencia de Protección de Datos ha establecido dos mecanismos para denunciar llamadas abusivas y reiterativas:
Presencialmente: solo se puede hacer en sus oficinas en la plataforma gubernamental del norte de Quito.
Virtualmente: en el sitio web https://spdp.gob.ec/ que en su página principal tiene el acceso directo a un formulario que hay que llenar y enviar.
Las sanciones son económicas en todos los casos
René Orbe, intendente de Control y Sanción, anticipó que con controles y auditorías se revisará las cláusulas a las que los ciudadanos dan su consentimiento.
Si la Superintendencia detecta que hubo una infracción, puede ordenar la suspensión inmediata de las llamadas telefónicas, incluso antes de determinar una sanción. Esta siempre es económica y corresponde entre el 0.1 % y el 1 % de la facturación total de una empresa del año anterior.
En el caso de instituciones públicas, la multa se aplica de forma diferente. “Puede llegar entre uno y 20 salarios básicos; la sanción es para la máxima autoridad” dijo, René Orbe.
La Superintendencia también controlará a las empresas o instituciones que entreguen bases de datos a call centers.
Desde noviembre se han recibido 10 denuncias. El organismo de control tiene 40 días para emitir la sanción cuando determina que sí hubo infracción.
Texto original de Ecuavisa
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