El Comité de Derechos humanos de la ONU calificó como preocupantes los informes sobre la corrupción que afecta a la Función Judicial en Ecuador, este jueves 7 de noviembre del 2024.
Este tema figura entre las conclusiones y recomendaciones que el Comité ha dirigido a Ecuador a partir del examen periódico que realizó sobre la situación en el país sudamericano.
El Comité se refiere en su informe a las investigaciones de la Fiscalía General de Ecuador sobre el pago de sobornos a funcionarios por parte de «estructuras criminales». Esto a cambio de actos y decisiones en favor de sus integrantes y familiares.
En la ONU también lamenta las «escasas medidas» para proteger a jueces y fiscales de asesinatos, agresiones y otros tipos de intimidación.
En una rueda de prensa en Ginebra, el miembro del Comité de la ONU Carlos Gómez Martínez comentó que esta situación «pone en riesgo el Estado de derecho» en Ecuador, que el Poder Judicial está en una situación muy delicada y que el caso de asesinatos de jueces fragilizan todo el sistema de Justicia en su conjunto.
Gómez pidió que se luche «desde dentro» contra la corrupción en la judicatura porque «la mayoría de jueces no son corruptos», Recalcó que para ello deben sentir el apoyo de otros poderes del Estado.
El Comité también expresó su alarma por la militarización de la gestión de las cárceles en Ecuador; además de informaciones sobre «infiltración del crimen organizado”. Esto porque que estaría impidiendo el correcto funcionamiento del sistema penitenciario.
También pidió al gobierno que reduzca el hacinamiento carcelario y el elevado número de personas en prisión preventiva.
Por otra parte, el órgano de la ONU criticó la aparente normalización de los estados de excepción a nivel nacional y local. Planteó que estos se renuevan una y otra vez desde hace seis años. Recordó que esto solo debería ocurrir en situaciones verdaderamente excepcionales.
Señaló que por esa razón varios derechos fundamentales, como la libertad de circulación, de asociación o de reunión, han sido limitados «de forma considerable y desproporcionada». Añadió que eso afecta sobre todo a indígenas, migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y gente pobre.
Por otra parte, el Comité de la ONU denunció la persistencia de un entorno de estigmatización, discriminación y violencia contra las personas LGTBI, así como las informaciones según las cuales se seguiría practicando en centros clandestinos la denominada «terapia de conversión«.
Sobre los derechos relacionados con las mujeres, el Comité reconoce como positiva la aprobación una ley que regula el aborto en casos de violación. Sin embargo, también lamentó que la interrupción del embarazo siga considerándose un delito, salvo en casos específicos (violación o amenaza para la vida o la salud de la madre).
El Gobierno ecuatoriano envió a la sesión del Comité una delegación liderada por el procurador general, Juan Carlos Larrea, y la ministra de la Mujer y Derechos Humano, Arianna Tanca. EFE.
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