Desde este jueves 26 de septiembre, el ECU 911 vuelve a asumir la administración de la recepción de llamadas de emergencia en Guayaquil, una función que estaba bajo la responsabilidad de Segura EP. Esta decisión se fundamenta en un decreto presidencial que establece que “el control de las cámaras de seguridad de los gobiernos autónomos descentralizados (municipios) pase exclusivamente al ECU 911”. Esta medida tiene como objetivo centralizar la vigilancia y mejorar la coordinación en la atención de emergencias.
Tanto el ECU 911 como Segura EP ofrecieron ruedas de prensa casi al mismo tiempo para dar sus versiones sobre el cambio de competencias.
La primera en pronunciarse fue Ana María Ayala, directora del ECU 911, quien denunció que en Guayaquil se había bloqueado el acceso a 16 000 cámaras de seguridad. “Hemos interpuesto una acción judicial ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para resolver esta situación”, sentenció Ayala, destacando la importancia de contar con acceso total a las cámaras para garantizar una respuesta eficiente a las emergencias.
De su lado, Fernando Cornejo, presidente de Segura EP, no tardó en ofrecer su réplica. “Nadie ha desconectado ninguna cámara”, aseguró.
Explicó además que la resolución firmada por Ayala ponía fin a los convenios entre el ECU 911 y Segura EP. Asimismo, invitó a los medios de comunicación a la sala de monitoreo de Segura EP para demostrar que el sistema seguía operativo, reafirmando que la infraestructura de vigilancia permanecía en funcionamiento.
El presidente de Segura EP añadió que la decisión del Cabildo porteño de asumir esta competencia responde a un deseo de garantizar una mayor autonomía y eficiencia en la gestión de la seguridad local. Sin embargo, dejó claro que, a partir de ahora, el control operativo de las cámaras pasa al ECU 911, siguiendo las directrices del decreto presidencial.
Desde el ECU 911 se aseveró que la intención no es retirar el servicio de videovigilancia de los centros municipales, sino más bien coordinar mejor el despacho de emergencias.
Ayala insistió en que “es falso que el ECU 911 esté quitando el sistema de videovigilancia o recursos a los gobiernos locales”. Indicó que el personal que antes operaba en los gobiernos autónomos descentralizados será reubicado en las oficinas del ECU 911 para garantizar la atención de llamadas y la articulación de recursos en situaciones de emergencia.
A pesar del cambio, Cornejo señaló que el municipio acatará la disposición presidencial y que Segura EP continuará colaborando con el ECU 911. “Vamos a capacitar al personal del ECU 911 para asegurar una transición sin contratiempos”, manifestó.
Cornejo destacó que el 95 % de los trabajadores de Segura EP respaldan las decisiones de la entidad.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, también se pronunció a través de su cuenta en X. El regidor reveló que desde mayo de 2023 el Municipio gestionó más de 2,1 millones de alertas, de las cuales el 72,77 % estuvieron relacionadas con la seguridad ciudadana.
Finalmente, los directivos de Segura EP indicaron que la empresa, creada durante la actual administración municipal, continuará operando, pero con un enfoque en la gestión de riesgos, tránsito y movilidad, la lucha contra la violencia de género y la reconstrucción del tejido social.
Texto original de Ecuavisa
https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/camaras-guayaquil-911-gobierno-segura-BB8065751
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