CAL reactiva el proceso del juicio político contra la fiscal Diana Salazar

jueves, septiembre 5, 2024

Diana Salazar es acusada, por legisladores del correísmo, de incumplimiento de funciones por supuestas irregularidades en el proceso penal contra el exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión; retrasos en casos como INA Papers o León de Troya.

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El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional dispuso, este miércoles 4 de septiembre del 2024, que se reanude la sustanciación de las solicitudes de juicio político contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

El CAL dispuso que la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea retome el proceso que había quedado temporalmente suspendido por la situación de riesgo de Salazar para el desarrollo de su embarazo.

La decisión del organismos legislativo obedece a la solicitud que envió, en agosto pasado, la propia Fiscal. En ella pidió al Parlamento que reanudara la tramitación del juicio de censura en su contra, al considerar que ya no está en riesgo su gestación.

Este órgano también autorizó a la Comisión de Fiscalización que califique las solicitudes y resuelva su unificación en un solo trámite, al existir dos peticiones de juicio político en paralelo. Estas fueron presentadas en noviembre y en mayo por los asambleístas Gissela Garzón y Héctor Valladarez, respectivamente, ambos de la Revolución Ciudadana.

Salazar, no obstante, ha calificado el proceso político en su contra como un «narcojuicio«. La Fiscal considera que lo impulsan grupos ligados al crimen organizado que intentan evitar las investigaciones en su contra.

Aunque no ha nombrado a nadie, la fiscal ha asegurado que ese proceso parlamentario es «un burdo intento de revancha de los grupos delictivos» en su contra. Y también una medida para dilatar la acción fiscal «en contra de la corrupción, la impunidad y la delincuencia organizada«.

Salazar, que lidera la Fiscalía General del Estado desde 2019, ha llevado varios procesos por corrupción, sobre todo contra la administración del expresidente Rafael Correa (2007-2017), quien fue condenado a ocho años de prisión en el denominado caso Sobornos, una trama ligada al escándalo de la constructora brasileña Oderbrecht.

Correa, asilado en Bélgica, ha negado los cargos y ha dicho ser víctima de una persecución judicial (‘lawfare’) en su contra dirigida por Salazar y sus enemigos políticos. (EFE)