“Por el bien de la administración de justicia, es imperativo que se respeten las competencias y las decisiones de los jueces y juezas, pues no hacerlo implicaría una vulneración al libre ejercicio de la magistratura”. Ese mensaje fue emitido por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador luego de que la Fiscalía allanara los despachos de Katherine Muñoz y Emma Tapia, juezas nacionales, el viernes 16 de agosto del 2024.
Los allanamientos se llevaron a cabo en el edificio de la Corte, en Quito, dentro del llamado caso Confourtable. Las juezas Muñoz y Tapia son indagadas por presunto cohecho. El pasado lunes 12 de agosto, al resolver una acción constitucional de habeas corpus, las dos autorizaron el traslado de Wilman Terán, expresidente de la Judicatura, desde la cárcel de máxima seguridad La Roca de Guayaquil hasta la Cárcel 4 de Quito. Terán se encuentra procesado dentro del caso Metástasis.
“La independencia y la integridad judicial, así como el ejercicio adecuado de las potestades públicas son los pilares fundamentales de un Estado de Derecho”, dijo el presidente (e) de la Corte, José Suing, firmante de un comunicado que lleva por título: “La Corte Nacional de Justicia al país”.
“Por ello, ante los acontecimientos que son de conocimiento público, pedimos que se respete, en todo momento, el debido proceso como garantía del derecho a la defensa y la observancia de la presunción de inocencia, así como la independencia judicial”, reza en el comunicado emitido por la Corte tras los allanamientos del viernes.
La jueza Emma Tapia pidió que se leyeran los argumentos legales de su decisión en el caso de habeas corpus planteado por Wilman Terán. “Lean mis sentencias, júzguenme sobre la base de mi trabajo, no sobre opiniones políticas o coyunturales”, dijo la magistrada, tras los allanamientos.
La Fiscalía defendió su autonomía tras los allanamientos
La Fiscalía General del Estado señaló que las juezas Katherine Muñoz y Emma Tapia “habrían favorecido” a Wilman Terán en su resolución del lunes y que, dentro de una investigación por presunto cohecho, ha levantado, entre otros indicios, un CPU, una agenda, un CD y documentos.
“La técnica de investigación de los allanamientos (…) ha posibilitado la obtención y preservación de información, a más de impedir su destrucción”, dijo la Fiscalía este sábado 17 de agosto del 2024, al explicar la trascendencia del operativo efectuado en dos oficinas de la Corte Nacional de Justicia y en un domicilio.
En un comunicado, en el que no detalló el alcance del caso, el Ministerio Público señaló: “Las actuaciones autónomas y objetivas de la Fiscalía General del Estado representan un elemento fundamental para los controles mutuos de los poderes distribuidos en la Constitución. Esta característica garantiza su independencia. En tal sentido, al ser la titular de la acción penal pública, conforme el artículo 195 de la Constitución de la República, esta Institución cuenta con las facultades de emprender los actos investigativos que considere necesarios para el desarrollo de investigaciones penales que se adelantan sobre la base de indicios fundados de la comisión de actos delictivos”.
La Fiscalía aseguró que “solicitó la autorización del juez competente, quien en uso de sus facultades autorizó la realización del operativo (de la tarde de ayer), una vez que verificó la pertinencia, necesidad y legalidad de dicho acto”.
Texto Teleamazonas
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