La Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador que agrupa a diversas agrupaciones considera que en Ecuador «se vulnera la libertad y autonomía reproductiva de las mujeres al incumplir artículos de la Constitución».
En este contexto este martes 9 de julio del 2024 se presentó una demanda de inconstitucionalidad del artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal (Coip) donde se penaliza el aborto. La Coalición de Mujeres sostuvo en la Corte que esto es una contradicción con la Constitución como el Art. 66 donde se garantiza el derecho a tomar decisiones sobre su salud y vida reproductiva.
Las organizaciones recalcaron tras ingresar la demanda, que el acceso a una interrupción voluntaria del embarazo de forma segura y legal, en el marco del respeto a los derechos humanos y la igualdad de género, debe ser garantizada.
Según la Coalición de Mujeres, en Ecuador los derechos sexuales y reproductivos están condicionados por la situación económica, social, de género y étnica de las personas.
También compartieron datos alarmantes de la situación actual de mujeres en torno a su salud sexual y reproductiva.
Por ejemplo, señalaron que según el Plan de Salud Sexual y Salud Reproductiva el 7,8% de las mujeres entre 15 y 19 años que se embarazaron fue con una persona de 30 años o más.
Además, el 88,5% de mujeres en zonas rurales tiene menos información y acceso a métodos anticonceptivos modernos.
También citaron datos del Ministerio de Salud Pública del año 2022, donde hubo 101 muertes maternas, entre ellas una niña de 10 a 14 años; 13 adolescentes de 15 a 19 años, y 28 jóvenes de 20 a 24 años. De estas cifras el 18,81% son muertes de mujeres indígenas y el 8,91% de mujeres afroecuatorianas. Además, 13 de estas muertes tuvieron relación con aborto en condiciones inseguras, sotuvo la Coalición de Mujeres.
Según un estudio que realizó el Ministerio de Salud Pública junto a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública de México, UNFPA-Ecuador y Sendas en 2017, cada año Ecuador pierde USD 448 millones debido a embarazos no deseados.
El país gasta cerca de USD 5 millones por año en brindar atención a complicaciones relacionadas con abortos inseguros. Un aborto no punible tiene un costo para el Estado de USD 160, mientras que atender las consecuencias de un aborto inseguro le cuesta al Estado USD 232.
Human Rights Watch (2019) consultó 148 casos del período comprendido entre 2009 y 2019 en los cuales 120 mujeres y niñas, 20 acompañantes y 8 proveedores de la salud fueron procesados penalmente por aborto.
Ante estas cifras las organizaciones del movimiento de mujeres, le piden a la Corte Constitucional que despenalice el aborto totalmente, ya que «no sirve tener tres causales para abortar que se cumplen a medias», puntualizaron.
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