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Muerto de pena o pena de muerte

Pablo de la Torre Neira
Universidad Andina Simón Bolívar
jueves, julio 25, 2024
La impunidad flamea en todas las instancias, sin que nadie pueda sentirse seguro al denunciar. Una reforma estructural profunda en Ecuador, puede cambiar las normas obsoletas y benefactoras de la corrupción y crear un ambiente propicio para las actividades productivas formales, atrayendo a las informales. Requiere mucha decisión, compromiso y liderazgo
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Existen 108 estados (56%) que han abolido la pena de muerte en su esquema normativo y 84 estados (44%) que no lo han hecho, entre los cuales 29 mantiene moratoria.[1]/ Con seguridad, los que la han aprobado se entendería como resultado de las acciones en contra de los derechos humanos aplicados por las administraciones de gobierno.

Sin embargo, uno de los países que mantiene la pena de muerte por corrupción comprobada es Singapur, un país pequeño pero considerado el milagro asiático por sus avances en el crecimiento económico. La clave del éxito tiene fundamento en; 1) alto grado de libertad económica; 2) reducido tamaño del estado; y, 3) cero tolerancias a la corrupción, incluyendo pena de muerte por actos de corrupción, asesinatos, drogas, comprobados. El resultado de varias décadas de vigencia es impresionante. En 1959 el ingreso per cápita fue de USD 500.00 para el 2010 llegó a USD 56.000,00 y se estima que para el 2050 será de USD 138.000,00. En síntesis, normas apropiadas para el desarrollo sustentable.

Una reforma estructural profunda en Ecuador, puede cambiar las normas obsoletas y benefactoras de la corrupción y crear un ambiente propicio para las actividades productivas formales, atrayendo a las informales. Requiere mucha decisión, compromiso y liderazgo. Uruguay podría ser algo muy cercano en Latinoamérica.

Metafóricamente hablando, un paciente con cáncer grave, tiene una posibilidad de superarlo mediante una intervención quirúrgica de riesgo y costosa. Luego de varios intentos por levantar fondos para financiar, no fue posible. La familia, no puede hacer nada más que convivir con el cáncer, hasta que le consuma todo o adopte la eutanasia para liberar al paciente y a la familia del dolor. No hay más opciones.  Sin embargo, en Ecuador no está disponible la normativa para la eutanasia. Por tanto, le queda al paciente una sola opción. Convivir con el cáncer hasta el final. ¿No será que cada administración de gobierno en Ecuador, se enfrenta a esta cruda realidad? ¿El cáncer de la corrupción?

Cuando un nuevo presidente llega a la oficina presidencial, me imagino que le informarán sobre la situación del paciente de cáncer. Habrán de pensar sobre las opciones disponibles, a sabiendas de que es un problema estructural. ¿Le interesa realmente a una nueva administración presidencial luchar contra la corrupción? No puede idear un plan, programa, proyecto, política anticorrupción, si no tiene acceso a recursos financieros, legales y tecnológicos.

Al hacer un análisis general costo beneficio de emprender acciones, bajo la normativa actual, en contra de la corrupción, es posible que el resultado final sea adverso. Que no sea conveniente. De los tres poderes del estado dos, legislativo y judicial, tienen metástasis y el ejecutivo está grave. El legislativo bloquearía, como lo ha hecho, cualquier intento normativo-judicial. Con una política de asignación priorizada de gastos, la inversión en control de la corrupción no se justificaría en un periodo presidencial. ¿Será que por eso no hemos evidenciado verdaderos esfuerzos para cortar de raíz los tentáculos de la corrupción?

La lucha contra la corrupción es, a mi criterio, semejante al caso del paciente de cáncer. El diagnóstico de Ecuador, con cáncer por corrupción, al 2024 resaltaría varias ideas preconcebidas que obstruyen las acciones anticorrupción.

1.- No es profunda. Creo que se equivocan, está enraizada en todo el sistema institucional, por eso, no hay manera de emprender acciones correctas. Ejemplo, asesinato de cuatro pasajeros en un bus interprovincial en Los Ríos. El magnicidio de F. Villavicencio es otro ejemplo.

2.- La Administración de Gobierno tiene poco tiempo y recursos para luchar. La lucha implica un plan de largo plazo. Los actuales periodos de gobierno no permiten emprender reformas estructurales profundas y la norma fiscal dificulta la asignación multianual. Una muestra de ello es la presencia de las Fuerzas Armadas en los recintos carcelarios. Apenas se retiraron, se produjeron situaciones similares anteriores y, en algunos casos, con ayuda de los miembros de la misma fuerza y de la policía. Estrategias de corto plazo con escasos recursos.

3.-La sociedad busca logros económicos en el corto plazo. Es una condición en la actualidad, todos buscan enriquecerse monetariamente, sin comprender que el fin no justifica los medios. A ultranza quieren ser independientes económicamente, por tanto, no escatiman acciones para lograr su propósito. Los valores se han trastocado, se han olvidado que el trabajo honesto genera réditos personales, sociales y económicos en el largo plazo. Ejemplo, la unidad paralela a la Agencia Nacional de Tránsito en Puerto López.

4.- Sistema Judicial susceptible de corrupción. La inexistencia de una sanción fuerte por actos de corrupción, gracias a la constitución del 2008, facilita un sistema judicial con mucha discrecionalidad en la aplicación de sanciones. Es urgente proponer el endurecimiento de las penas, incluyendo cadena perpetua por actos de corrupción en contra del estado, comprobados, con jueces especiales. Demanda una reforma jurídica estructural, Consulta Popular, Comisión Constitucional, Régimen Autoritario, cualquiera que permita reducir la impunidad. Es como la eutanasia para el enfermo de cáncer terminal. Como ejemplo, solo falta revisar el accionar del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social.

5.- Sanciones judiciales apelables y reducibles. Operando bajo la norma actual, el Sistema Judicial aplica sanciones de las más variadas formas, burlándose de todas las personas, entidades y organizaciones que colaboraron para capturar, encerrar, juzgar, y sancionar a los corruptos. Por tanto, es indispensable una reforma estructural profunda inmediata con el endurecimiento de las penas, incluyendo cadena perpetua, por corrupción. Por ejemplo, la Universidad Central del Ecuador y la elección de sus autoridades, con intervención del CES e interposición de medidas cautelares. Resultado, caos completo.

6.- Impunidad casi total. Como lógica consecuencia de los anteriores acápites, los que delinquen se ríen a mandíbula batiente pues se sienten intocables. La impunidad flamea en todas las instancias, sin que nadie pueda sentirse seguro al denunciar. Qué más ejemplo que el circo montado por la asamblea para Wilman Terán. Echando lodo a todo lo actuado por la Fiscalía.

7.- Beneficios suficientes para comprar todo lo necesario. El beneficio de la corrupción es tan grande y atractivo para las personas de mal, que pueden y hacen todo lo que quieren con sus réditos, comprando las conciencias de quien esté al paso. Ejemplo concreto es el artículo “Oro no es….” de Alfredo Astorga publicado en Forbes, Minería informal y exportaciones de oro por empresas fantasmas.

8.- Pasividad de la sociedad civil. Por miedo o temor a la muerte, la sociedad actúa pasivamente, sin enfrentar el hecho corrupto o a los corruptos, pues no siente ningún respaldo institucional. Familiar de la Secretaria del Sindicato de la Confederación Ecuatoriana de Trabajadores y Organizaciones de la Seguridad Social -CETOS, compra un hotel y luego de varios procesos de venta, termina comprando la CETOS.

Por todo esto, nos consumimos o nos consumiremos hasta el final, sin encontrar una solución real que acabe con la corrupción. Nos moriremos de pena.

Remitámonos a los hechos. En Singapur existe la pena de muerte por actos de corrupción comprobados y, por esto, es el país menos corrupto del mundo. Claro que los derechos humanos han sido afectados, a cambio del bienestar social general de la población. Es fácil gracias a un sistema apropiado de administración de gobierno que: de libertad de acción económica; reduzca la discrecionalidad de los funcionarios públicos, con un tamaño reducido del estado, por ello la libertad de acción económica; y, especialmente, cero tolerancias a los actos de corrupción. Así se reduce a cero la impunidad.

Si el presidente toma la decisión de cambiar la norma e incluir el endurecimiento de las penas, incluyendo cadena perpetua, por actos de corrupción debidamente comprobados y los asambleístas, como es de esperar, se opondrán, tiene la carta en la mano. Es el momento propicio para hacer ajustes necesarios hasta cambiar el periodo presidencial de cuatro a seis años y otros más como el concepto del estado benefactor.

Si hay decisión y el pueblo apoya, nos moriremos de pena de los asambleístas.

¡LISTO MANOS A LA OBRA!

[1] / www.diplomatic.gouv.fr/es/politica-exterior/derechios -humanos/abolición-de-pena-de-muerte

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