El presidente se habría convencido de que se requiere su compromiso inclaudicable para destrabar la inversión privada y que la economía arranque.
Desde 1971, inicios de la era petrolera, está vigente un modelo estatista que prioriza la inversión en diversos sectores, preponderantemente energía y telecomunicaciones por medio de empresas públicas monopólicas. A los inversionistas privados se los direccionó vía beneficios a la sustitución de importaciones. Este modelo se consolidó con el régimen militar y se radicalizó durante el correato, con el acicate del petróleo por sobre $ 100 el barril.
Este modelo se agotó. El gasto corriente creció desmedidamente. Las empresas públicas son ineficientes, la poca inversión pública se concentró en obras a precios exorbitantes y frecuentemente mal construidas (en particular durante el correato) y el sector energético ha colapsado. Pocas de las empresas de sustitución se tornaron en competitivas y prosperan sin protección.
La situación se deteriora más a partir de la Constitución de Montecristi (2008), imbuida de la Doctrina de No Crecimiento: reversión de la revolución industrial por ser responsable del calentamiento global. Esta doctrina cuenta entre sus apóstoles a la mayoría de la Corte Constitucional y a numerosos asambleístas. El cierre del ITT, la enorme dificultad de sacar adelante proyectos mineros, y el proyecto de ley en la Asamblea para reconocer a los “animales no humanos” los mismos derechos de los que gozan los “animales humanos” obedecen a esa doctrina.
Hoy el país repudia su riqueza petrolera (caso ITT) con lo que se esfuma la ilusión de crecimiento basado en la inversión pública. Si permanecemos pasivos, la reversión de la revolución industrial en el Ecuador y la involución a condiciones de vida de décadas atrás se harán realidad.
En este entorno adverso debe desenvolverse Daniel Noboa para sacar la economía adelante. Esta semana dio muestra de que comienza a tomar cartas en el asunto. En un solo día (miércoles 26) firma tres decretos de radical importancia:
Declara la mejora regulatoria como política nacional para fomentar la competitividad y emprendimiento, e incorporar la eficiencia en la economía. (Dec. Ejec. 307).
Reglamenta el sistema de precios de los combustibles y alza de la gasolina, discutido la semana pasada en este espacio (Dec. Ejec. 308).
Adicionalmente el Comité de las APP anuncia sus prioridades y se activa el cronómetro para que arranque el proyecto número uno: la carretera Manta-Quevedo. Lamentablemente se descalifica al proyecto que anteriormente era el prioritario: el quinto puente.
Hay mucho por hacer; apertura del sector eléctrico a la inversión privada, habilitar las terminales de Monteverde y TermoMachala para la importación de gas natural, construcción de la unidad de alta conversión de la refinería de Esmeraldas, abrirse a la exploración de hidrocarburos mediante contratos de participación, destrabar la apertura a la gran minería metálica. Pero como dijo Mao: “Un viaje de mil millas comienza con un solo paso”. Noboa dio ese paso. ¿Continuará la marcha? (O)
(Desde Washington, Estados Unidos) La Liga Antidifamación (ADL) y el estudio de abogados Crowell & Moring se presentaron hoy en los tribunales de Columbia (Washington) para iniciar una demanda contra Irán, Siria y Corea del Norte por su respaldo al ataque terrorista ejecutado por Hamas contra Israel.
El atentado fundamentalista -ocurrido el 7 de octubre de 2023- causó más de mil muertos, decenas de civiles violados y torturados, y cientos de secuestrados que aún permanecen como rehenes en Gaza. Entre los rehenes hay bebes, niños, adolescentes, madres, ancianas y abuelos que Hamas utiliza como botín de guerra para preservar su control territorial en Palestina.
“Irán es el principal Estado patrocinador del antisemitismo y el terrorismo en el mundo junto con Siria y Corea del Norte, que deben ser considerados responsables por su papel en el mayor ataque antisemita desde el Holocausto. Estamos haciendo todo lo posible para responsabilizar a los terroristas de Hamas y a quienes los apoyan”, afirmó Jonathan A. Greenblatt, director ejecutivo de la Liga Antidifamación (ADL).
Y completó: “En un mundo en el que el dolor y el sufrimiento judíos se borran con demasiada frecuencia, esperamos que este caso innovador haga justicia a algunas víctimas y cree un registro de la atroz brutalidad de Hamas perpetrada con el apoyo de estos Estados patrocinadores del terrorismo”.
La demanda presentada en el Distrito de Columbia (Washington) tiene 68 fojas e inicia con la descripción del ataque terrorista ejecutado por Hamas el 7 de octubre de 2023.
“Las incomprensibles atrocidades que cometieron los terroristas como parte de su masacre incluyeron violación, mutilación, decapitación, tortura y quema de seres humanos vivos, incluso delante de las familias en sus últimos y aterradores momentos”, se explica en la foja 2 de la presentación judicial.
A continuación, La Liga Antidifamación (ADL) y el estudio de abogados Crowell & Moring describe a cada uno de los implicados en la denuncia, que se respalda en la legislación de Estados Unidos que permite juzgar a los estados -al margen de su inmunidad soberana- por haber apoyado actos fundamentalistas. (Terrorism Exception to the Foreign Sovereign Immunities Act).
Los estados denunciados son Irán, Siria y Corea del Norte. A partir de la foja 4, la presentación sostiene:
Cuando termina de explicar los roles que cumplen Irán, Siria y Corea del Norte en Medio Oriente, la denuncia describe a Hamas y sus acciones terroristas vinculadas a Israel y Estados Unidos.
“El Movimiento de Resistencia Islámica (Harakat-Al-Muqawama Al-Islamia), conocido por su acrónimo árabe ´Hamas´, es una organización terrorista islámica palestina extremista. Hamas opera en Gaza, Cisjordania y el Líbano”, se afirma en la foja 7 del escrito presentado en los tribunales de Columbia.
Y añade la demanda: “Desde que tomó el control por la fuerza de las armas, el centro de gravedad de Hamas ha estado en la Franja de Gaza. El objetivo principal declarado de Hamas es erradicar el Estado de Israel y establecer un régimen islámico palestino en su lugar. Desde sus inicios, Hamas ha utilizado la violencia extrema para promover este objetivo”.
Tras señalar los objetivos fundamentalistas de Hamas, la demanda señala a Irán, Siria y Corea del Norte como los proveedores del armamento, los fondos y inteligencia militar que se utilizaron para cometer el acto terrorista contra Israel.
Por ejemplo, en la foja 10 del escrito judicial se establece respecto a Irán: “Los cientos de millones de dólares que Irán ha destinado a Hamas a lo largo de los años han pagado operaciones de inteligencia, armas y entrenamiento, así como costos organizativos, todo lo cual apoyó materialmente y proporcionó recursos para esos ataques, incluido el del 7 de octubre. A lo largo de los años, Irán también ha anunciado públicamente su apoyo financiero y compensación a las familias de los terroristas palestinos que cometieron ataques en Israel.
Al concluir la enumeración de las evidencias que prueban la responsabilidad financiera y logística de los tres estados demandados, el escrito judicial detalla todos las acciones terroristas ejecutadas por Hamas en territorio israelí.
Desde los kibbutz atacados a escasos metros de Gaza, hasta los hechos fundamentalistas cometidos en el festival de música Nova, la base de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el pequeño pueblo de Ofakim y los cuarteles de la policía local (Fojas 30 a 48).
La presentación contra Irán, Siria y Corea del Norte tiene más de cien demandantes y busca una compensación económica para las víctimas del ataque de Hamas y sus familiares.
Es el primer caso iniciado por una organización judía -la Liga Antidifamación- contra los estados patrocinadores de las acciones terroristas realizadas por Hamas el 7 de octubre de 2023.
Texto original de Infobae
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