El ex juez del Consejo de la Judicatura (CJ), Xavier Muñoz logró la reducción de la pena al 10%, es decir, 9 meses y 6 días, con la aceptación del procedimiento abreviado por parte de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), este jueves 20 de junio de 2024.
Wilman Terán y Xavier Muñoz, como exautoridades del Consejo de la Judicatura, son investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de obstrucción de la justicia, en el caso Independencia Judicial.
El juez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Julio Inga, dio a conocer la resolución sobre Muñoz, recordando el acuerdo de “cooperación eficaz” al que llegó el procesado con la Fiscalía.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, en la primera parte de la audiencia de solicitud de procedimiento abreviado, pidió al juez de la CNJ que acepte el pedido del procesado; y Xavier Muñoz aceptó el cometimiento del delito.
El juez Julio Inga resolvió: aceptar el acuerdo propuesto entre Fiscalía y el procesado Xavier Muñoz, aceptar el procedimiento abreviado, la cooperación eficaz y declarar la culpabilidad del procesado en el delito de obstrucción de la justicia.
Además, imponer al procesado la pena de 9 meses y 6 días, la multa de 24 salarios básicos unificados y, por concepto de reparación, 11 040 dólares, multa que deberá ser cancelada a favor del exjuez, Walter Macías.
Publicación de la sentencia que declare la culpabilidad del procesado en las páginas web del CJ por tres meses y disculpas públicas del procesado y sentenciado ante el juez de ejecución en la fecha y hora indicada.
Este martes 18 de junio de 2024, el juez Julio Inga suspendió la audiencia de solicitud de procedimiento abreviado de Xavier Muñoz y dio paso a una “audiencia reservada” por la cooperación eficaz.
En abril, Xavier Muñoz dio testimonio anticipado, allí involucró a Wilman Terán, Byron Guillen y Luis Rivera.
En ese testimonio dijo que el 30 de marzo de 2023, Xavier Muñoz dijo que se reunió en Brasil con el expresidente Rafael Correa.
El plan habría sido remover del cargo a la fiscal general Diana Salazar y el planteamiento de un recurso de revisión en el caso Sobornos y, de esta forma, Rafael Correa pueda regresar al país.
Según el Código Orgánico Integral Penal (Coip), el delito de obstrucción de la justicia tiene una pena privativa de libertad de 5 a 7 años.
Al inicio, la fiscal general Diana Salazar pidió la reducción de la pena a 92 meses, esto es: 7 años y 8 meses.
Sin embargo, luego, con el acuerdo de “cooperación eficaz” pidió la reducción de la pena al máximo, al 10%, es decir, 9 meses y 6 días.
Texto El Comercio
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