El Caso Plaga, que tiene en prisión a cinco exjueces de primer nivel acusados de vender sentencias para liberar delincuentes, subió a la Corte Nacional y ahora está en manos de la fiscal general, Diana Salazar.
El juez anticorrupción Wiler Choez se inhibió de seguir con la causa por que hay nuevos implicados que pertenecen a la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas y por su jerarquía deben ser procesados y juzgados por jueces superiores.
La información deriva de los testimonios anticipados rendidos el pasado 14 de junio por los abogados Hugo Lara y Lenin Vimos, quienes están presos.
Ambos detallaron los casos que manipularon en la justicia, entre ellos, un habeas corpus negociado por Cristian Romero, actualmente prófugo y procesado en el Caso Metástasis, a favor de César Ruano, que estaba preso en Quito por tráfico de migrantes.
Lenin Vimos contó que Romero logró cambiarlo de cárcel a Santo Domingo para presentar allí una acción constitucional ante jueces comprados:
“Fue una acción de habeas corpus con certificados médicos adulterados del Ministerio de Salud Pública, ante los señores Jorge Efraín Montero Berrú, Patricio Calderón y Efraín Luzuriaga de la Corte Provincial de Santo Domingo, a quienes se les entregó USD 60 mil…”.
Los tres nombres que da, son de los jueces que serán vinculados al Caso Plaga. Lara corroboró el testimonio de Vimos:
“Aquí se evidenció una vez más el modo de actuar de Cristian Romero, fue uno de los casos que obviamente él también manipuló y orquestó, a César Ruano le concedieron la libertad…”
En las próximas horas la Secretaría de la Corte Nacional realizará el sorteo para designar al juez penal que desde hoy conocerá el Caso Plaga y convocará a la audiencia para vincular a los 3 jueces provinciales por el delito de delincuencia organizada.
Texto original de Ecuavisa
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