La audiencia de vinculación de 13 nuevas personas al caso Metástasis se inició la mañana de este viernes 15 de marzo de 2024. En este caso se investiga la presunta comisión del delito de delincuencia organizada. Fiscalía maneja la hipótesis de los nexos que mantenían con la red de corrupción más grande del sistema judicial y penitenciario.
La fiscal General Diana Salazar formula cargos contra 13 personas y será necesario esperar la decisión del Tribunal para procesarlos.
La investigación del caso Metástasis se inició luego del asesinato de Leandro Norero, uno de los principales narcotraficantes del mundo. Se presume que él financiaba las acciones delictivas de Los Lobos y otras bandas vinculadas al cartel Jalisco Nueva Generación, de México.
Dentro del caso Metástasis fueron detenidos abogados en libre ejercicio, jueces, fiscales, policías, guías penitenciarios y otros funcionarios o exfuncionarios del Estado.
Por este caso permanecen procesadas 39 personas. Mayra Salazar, una de las detenidas desde diciembre de 2023, es pieza clave del nuevo caso Purga que nació a partir de esta investigación.
Según Fiscalía su participación estaba dirigida a «silenciar» al excandidato presidencial asesinado, Fernando Villavicencio. Él denunció públicamente los hilos de la mafia «manejada» por Xavier Jordan y Leandro Norero.
Además, se presume que como asambleísta de Guayas «abusó de sus facultades fiscalizadoras al solicitar información sobre posibles investigaciones» a Xavier Jordán.
Habría participado como colaborador «desde la esfera del beneficio en el Centro de Privación de Libertad» donde estaba recluido Norero.
Fiscalía apunta que también facilitó la compra de cerdos que el narcotraficante pretendía ingresar a la prisión para celebrar el «Día del Recluso«. Se registra una transferencia de 2 000 dólares por esto.
Estaba a cargo de «obtener comodidades» durante la reclusión de Norero. Según la Fiscalía aprovechó su labor en la comisión de pacificación carcelaria para «recibir beneficios económicos» del narcotraficante sentenciado.
«Direccionaba tratos privilegiados» dentro de la prisión para Norero. Fiscalía la señala como una persona que «desempeñaba un papel importante» para la obtención de «comodidades penitenciarias».
Trabajaba como guía penitenciaria en la cárcel de Latacunga. Fiscalía segura que recibió más de 10 000 dólares a través de alias «Rayo». El dinero se habría entregado por orden de Norero a cambio de comodidades durante su condena.
Sus cuentas bancarias se habrían utilizado para facilitar pagos de Norero a cambio de beneficios dentro de la prisión. Realizó un depósito de 1 200 dólares a la guía penitenciaria Katherine Pilar Guaita.
El expolicía habría sido el encargado de seguir a la fiscal Lina Sarabia que estaba a cargo del caso de lavado de activos contra Norero.
De acuerdo con la teoría de Fiscalía, alias «El joyero» se desempeñaba como operador financiero de la cúpula criminal. Habría planificado fraudes procesales con el cambio de evidencia incautada en allanamientos a Norero por el caso de lavado de activos.
Principalmente planeaba sustituir una colección de relojes de alta gama por réplicas. Lo mismo planeaba hacer con los lingotes de oro que permanecen en criminalística.
También la Fiscalía lo señala como pieza clave en la obtención de joyas para fiscal procesada María José A.
De acuerdo con la Fiscalía habría colaborado con la «seguridad y comodidad» de Norero dentro de la cárcel. Además, «facilitaba el ingreso de artículos prohibidos» por lo que recibía pagos a través de la cuenta bancaria de su pareja.
Fiscalía además lo apunta como quien alertaba al cabecilla criminal de visitas y monitoreos que realizaba la DGI.
La teniente se encargaba de la investigación a Norero por el delito de lavado de activos. Habría participado en la manipulación de pruebas junto a otros dos procesados.
Participó en el financiamiento que Norero necesitaba para pagar por los beneficios dentro de la cárcel. El dinero era depositado a través de las cuentas de la guía penitenciaria Katherine Guaita.
Fiscalía presume que él participaba en la «búsqueda de impunidad» a través del procesado Cristian R. negociaba y convencía a otros jueces. El objetivo era que emitan resoluciones sobre medidas cautelares en beneficio de los cabecillas de la banda criminal.
Su papel en la red delincuencial, según la Fiscalía sería fungir como «brazo jurídico al que acudían los líderes de la organización para obtener asesoramiento y apoyo en diversos procesos judiciales».
Alias «Novita», abogado de Norero, habría acudido a su despacho «con la intención de desarrollar una estrategia de defensa» para el caso de lavado de activos.
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