El juez nacional Luis Rivera ha ordenado prisión preventiva en contra del exvicepresidente de la República, Jorge Glas, asilado en la embajada de México desde el pasado 17 de diciembre, y del el exsecretario para la reconstrucción de Manabí, Carlos Bernal, a quienes la Fiscal General Diana Salazar ha formulado cargos por presunto peculado en la contratación de obras para la reconstrucción de Manabí tras el terremoto de 2016.
Contra el tercero de los acusados, el exgerente de Ecuador Estratégico, Pablo Ortiz, el juez ha dictado una prohibición de salir del país, y la obligación de presentarse periódicamente ante la justicia.
El magistrado también ordena la retención de las cuentas que los procesados mantengan en el sistema financiero nacional, así como la prohibición de enajenar bienes y automotores por un monto de US$122’492.990 para cada uno.
La Fiscalía formuló cargos de peculado en contra de Glas, Bernal y Ortiz en una audiencia de formulación de cargos que se instaló la mañana de este viernes 5 de enero. Alegó que el Comité de Reconstrucción de Manabí contrató proyectos como el vial Manta-Colisa y el parque Las Vegas pese a que no cumplían con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad (emergencia, reconstrucción y reactivación), sin tomar en cuenta que existían más de 580 proyectos para infraestructura pública, vivienda, salud y educación que requerían de atención inmediata después del terremoto de abril de 2016.
Diana Salazar también alegó que Glas ha dado muestras de querer evadir a la justicia al ingresar en la Embajada de México, en Quito, el pasado 17 de diciembre, luego que conoció que la Fiscalía iba a formular cargos.
“Existe una presunción objetiva de ley de que el imputado (Glas) tratara de evadir la efectiva acción del derecho por la reincidencia delictiva. (…) El único fin que tiene al haberse refugiado en esa embajada es no comparecer a las siguientes etapas procesales. (…) Lejos de ser un perseguido político es un ciudadano que quiere evadir la acción de la justicia”, alegó.
Glas, que estuvo cinco años y cuatro meses en la cárcel, había sido sentenciado a ocho años en un caso por cohecho, y a seis años por asociación ilícita relacionada con el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, y actualmente se encontraba en libertad condicional tras haber cumplido el 60% de su pena.
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