La fiscal general sacude el escenario político nacional con el caso Metástasis
Ecuador vive atrapado en una serie de ‘batallas’ entrecruzadas entre actores políticos, judiciales y criminales. El polémico caso Metástasis, liderado por la fiscal Diana Salazar, provocó un remezón que puso en jaque, directa o indirectamente, a muchos de ellos.
La investigación por presunta delincuencia organizada sacudió los cimientos del debilitado sistema judicial ecuatoriano, al punto en que Salazar advirtió de una posible escalada de violencia por parte de los grupos criminales afectados.
Así, las acusaciones de la Fiscalía General confirman el ‘secreto a voces’ de la penetración del narcotráfico en varias instituciones del Estado: el Consejo de la Judicatura, las cortes, la Policía, el sistema penitenciario y la misma Fiscalía.
Entre los 38 investigados hay funcionarios de todas esas entidades. Pero, además, como efecto paralelo, la investigación fiscal también puso entre las cuerdas a los poderes políticos del país: el Ejecutivo y el Legislativo.
Una advertencia a los infiltrados
El extenso operativo del caso Metástasis, con 75 allanamientos en siete provincias, que involucró alrededor de 900 agentes fiscales y policiales, fue fruto de una investigación de más de un año, iniciada tras el asesinato de Leandro Norero, alias ‘El Patrón’.
Las evidencias recuperadas de su celda y la cautela lograda por la Fiscalía, en medio de un sistema permeado por el crimen organizado, permitieron sorprender a la mayoría de los investigados y detener a 31 de ellos.
Esto es solamente el inicio de la investigación, que podría generar distintas ramificaciones, una vez que el Ministerio Público pueda llegar al fondo de las casi 15.000 páginas de conversaciones digitales obtenidas entre las evidencias.
En palabras de la fiscal Diana Salazar, el caso demuestra que aún “existe esperanza” de pelear contra la corrupción y “continuar con esta depuración” del sistema, donde la “narcopolítica es una realidad comprobada”.
El mensaje de la Fiscal General fue claro: no todos los funcionarios del sistema judicial han sido coptados. La institución que lidera todavía es capaz de golpear a la delincuencia organizada pese a infiltración estatal, que combaten a fuerzas políticas y judiciales y que no permitirán extorsiones.
Una explicación de la crisis judicial
El Ecuador ha sido, como pocas veces, testigo del incremento en el manejo discrecional de la justicia y del uso abusivo de las acciones de protección. Han sido numerosos los casos en que distintos jueces han favorecido a acusados y sentenciados.
Políticos, servidores públicos, exfuncionarios corruptos, narcocriminales y delincuentes comunes se han beneficiado, en los últimos años, de alguna manera del trámite de garantías constitucionales.
Solo entre 2018 y 2022, años en los que fue creciendo la crisis de inseguridad y violencia, el trámite de acciones de protección y habeas corpus subió 211%.
Es decir, su uso ha sido desnaturalizado. Incluso, personas con sentencias por delitos graves han evadido la prisión antes de cumplir con las penas impuestas por la justicia ordinaria.
El caso Metástasis comprueba, como lo explicó la fiscal Salazar, la relación del narcotráfico con jueces, fiscales y el SNAI. Por lo tanto, muestra la existencia de sentencias a la medida, en coordinación entre la justicia y el crimen organizado.
Nueve jueces y exjueces son procesados dentro de la causa. Ellos se han encargado de manejar casos o acciones de protección que recibían cuestionamientos desde hace meses.
A gran escala, las fallas en el sistema judicial se evidencian con las cifras de la Policía. Entre 2017 y 2023, en el país hubo 87.038 arrestos por año, en promedio. Sin embargo, en este mismo período, la población carcelaria no pasó de 38.000.
Pero, a la vez, aunque el narcotráfico y los crímenes conexos han crecido en el país, también hay un decrecimiento en las detenciones por esos delitos.
A todo esto se suma la crisis dentro del Consejo de la Judicatura, que llegó a su clímax bajo la presidencia de Wilman Terán, uno de los acusados en el caso Metástasis. Incluso, en los últimos meses, ocho de sus funcionarios fueron también acusados de obstrucción de la justicia.
Todo esto ha empañado aún más el ya criticado concurso para jueces de la Corte Nacional, que -hasta unas horas antes de su detención- Terán estaba empeñado en defender.
Durante la gestión de Terán, las actuaciones de la Judicatura han sido cuestionadas por la Corte Nacional de Justicia, el Ejecutivo, la Fiscalía y varios de sus miembros están en fila para un juicio político en la Asamblea Nacional.
El impacto en el escenario político
El destape del caso Metástasis, liderado por la fiscal Salazar, no solo sacudió a una de las estructuras criminales enquistadas en el Estado, sino que aterrizó en un momento complejo del escenario político nacional:
Apenas 22 días después del inicio del gobierno de Daniel Noboa.
Siete días después de que el embajador Michael Fitzpatrick hablara de corrupción y advertía de estar equivocados a quienes piensan que no los van a atrapar.
Y apenas horas después de que la Comisión de Fiscalización retirara algunos obstáculos previo al trámite de la petición correísta para enjuiciar políticamente a la fiscal Diana Salazar.
Sin embargo, la cautela de la Fiscalía General no logró evitar el campanazo de advertencia del expresidente Rafael Correa, que unas 14 horas antes del operativo, alertó públicamente de su ejecución.
Pero eso no fue suficiente para el exmandatario, quien dedicó buena parte de su día a defender insistentemente a Wilman Terán y a compartir las publicaciones de quienes estuviesen de acuerdo con sus acusaciones contra la fiscal Diana Salazar.
Según Correa, la intención de la Fiscalía es tomarse el sistema judicial, detener el concurso de jueces y advertir a quienes intenten enjuiciarla políticamente. Pero entre sus propios legisladores y principales figuras del movimiento no hubo un gran eco de sus argumentos.
La única que tomó la posta en la misma intensidad fue la excandidata presidencial, Luisa González, que también dedicó varias publicaciones y comentarios en entrevistas, no solo sobre el trabajo de la Fiscalía, sino también sobre las declaraciones del embajador Fitzpatrick, a quien emplazó a que presente pruebas de sus comentarios.
Su bancada en la Asamblea tampoco ha recibido apoyo en el objetivo de destituir a Salazar. El oficialismo, el socialcristianismo y Construye se distanciaron desde un inicio. Antes de asumir el poder, el mismo presidente Daniel Noboa dejó en claro que protegería a la Fiscal y su trabajo.
Ahora, después del mensaje de Salazar, el titular del Legislativo, Henry Kronfle, fue tajante en apoyar su lucha contra la impunidad. Al igual que la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, quien aplaudió la investigación y el trabajo conjunto con la Policía.
Sin embargo, desde Carondelet hubo un largo y criticado silencio. Pese a que la fiscal Salazar informó que había alertado al Ejecutivo sobre el operativo, para tomar precauciones frente en caso de una respuesta del crimen organizado.
No fue hasta la tarde que el presidente Noboa comentó que el arranque de su plan de seguridad incluyó la reestructuración de las cúpulas militar y policial y recordó que “algunos de ellos” fueron detenidos por el caso Metástasis.
Y “eso no es silencio”, acotó.
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