Seis meses después de la formulación de cargos por parte de la Fiscalía, el exprefecto de Imbabura entre 2009 y 20014, Diego García, fue llamado a juicio por el presunto delito de peculado.
La Fiscalía General del Estado, a través de un comunicado, informó que presentó un dictamen acusatorio por su presunta autoría en el caso de peculado que, según las pericias contables, causó un perjuicio económico al Estado de $182.636,11.
Desde la Fiscalía refirieron que en su intervención en la audiencia, el fiscal provincial de Pichincha, Hernán Flores, mencionó que en 2009 la Prefectura de Imbabura contrató a seis personas quienes, por disposición verbal del exprefecto García, se desempeñaron como guardias de seguridad en su domicilio en Ibarra.
Es decir, mientras Diego García cumplía las funciones de prefecto de Imbabura, mantuvo un servicio de guardianía en su vivienda, el cual era cancelado con fondos públicos de la institución a la que representaba.
Según las investigaciones, los guardias efectuaban turnos rotativos de ocho horas, las 24 horas del día, inclusive los feriados.
“Un total de 49 elementos de convicción presentó la Fiscalía para sustentar el dictamen acusatorio emitido en contra del exfuncionario. Entre los principales están el informe de Contraloría que determinó las irregularidades existentes en la contratación del personal, versiones de los seis guardias de seguridad y de funcionarios del Gobierno Provincial de Imbabura”, detalló la Fiscalía.
Agregaron que dentro de las evidencias también constan los roles de pagos de las remuneraciones mensuales y beneficios de ley, un informe de la UAFE, oficios e informes de pericias contables y financieras.
En la audiencia, desarrollada la primera semana de noviembre de 2023, la Fiscalía emitió dictamen acusatorio y realizó el anuncio de las pruebas testimoniales, periciales y documentales que presentará en la audiencia de juzgamiento, con fecha por confirmar.
“Al finalizar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, un juez de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado acogió el pedido de Fiscalía y llamó a juicio al procesado. Este caso se judicializa por peculado, tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal”, detallaron.
Sobre este caso, en su momento, se pronunció la dirección provincial de la Revolución Ciudadana, movimiento afín al expresidente Rafael Correa, al que Diego García pertenece desde sus inicios políticos hasta la actualidad.
A través de una publicación en la red social X (antes Twitter), tacharon a este proceso como una “persecución política”, que afirman no ha parado, como movimiento político a nivel nacional, desde el “nefasto” Gobierno de Lenín Moreno.
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