Horas antes del cierre de la instrucción fiscal, el caso por el asesinato de Fernando Villavicencio dio un giro. La Fiscalía sorprendió al país con el anuncio de la toma del testimonio anticipado a un testigo protegido que habría señalado “a quienes habrían dado la orden para cometer el crimen”.
El contenido de este testimonio que, según la Fiscalía, se tomó bajo juramento y se valorará en un eventual juicio contra los autores intelectuales, todavía tiene carácter de reservado.
Sin embargo, personajes cercanos a Villavicencio, revelaron varios elementos. Por ejemplo, que el valor acordado por el sicariato fue de USD 200.000 y que hubo un intento previo, el 1 de julio de 2023, en Santo Domingo.
La toma del testimonio ocurrió dos días después del asesinato de siete de los 13 procesados por el crimen, en dos cárceles del país. Por lo que inicialmente se creyó que el testigo protegido era uno de los sobrevivientes.
Pero, tras la revisión del acta del testimonio anticipado y los archivos públicos de un caso por delincuencia organizada, PRIMICIAS reveló que se trataba de una tercera persona, que no estaba procesada por el asesinato y que tampoco estaba detenida.
Cuatro detenciones, una sentencia
Primer caso
Si bien no está procesado por el caso Villavicencio, el testigo protegido es parte de otra causa por delincuencia organizada que está relacionado.
En esa causa se investiga una estructura dedicada al microtráfico de droga en Quito, relacionada con Los Lobos. Al mando de esa agrupación estaba Laura C., quien también es parte del proceso por el asesinato de Villavicencio.
Durante los seguimientos a la banda de Laura C. y el ahora testigo protegido, la Policía identificó un vehículo y una motocicleta, ambos robados. A estos vehículos se los relacionó con la escena del asesinato al político ecuatoriano.
Por esta razón, a Laura C. también la procesaron en el caso por asesinato y se le dictó prisión preventiva por ambas causas. Lo que no ocurrió con el testigo protegido. A esta persona solo la procesaron por delincuencia organizada y en lugar de prisión, la justicia le prohibió salir del país y que se presente tres veces por semana ante la Fiscalía.
Esta fue la cuarta causa penal a la que el testigo protegido fue vinculado en los últimos seis años.
Segundo caso
El 28 de septiembre de 2017, este hombre fue procesado por receptación (posesión y/o comercialización de objetos robados) y en su contra se dictó prisión preventiva. La Policía lo detuvo transportando una televisión presuntamente robada.
En su versión, el testigo protegido dijo que era taxista y que solo estaba haciendo una carrera a su acompañante. Por lo que la Fiscalía no lo acusó y fue sobreseído. Fue liberado siete meses después.
Tercer caso
Tiempo después, el 12 de octubre de 2018, el sujeto fue procesado por porte ilegal de armas. Otra vez, fue encarcelado de manera preventiva. Su juicio fue en noviembre de ese año y recibió una sentencia de tres años de cárcel. Pero recibió libertad condicional.
En esa ocasión, esta persona conducía una moto por las calles de Conocoto, parroquia del oriente de Quito. La Policía lo detuvo y tras revisarlo, en su mochila se encontró un revolver, un celular y dinero en efectivo.
Cuarto caso
Mientras estaba en libertad condicional, en mayo de 2019, esta persona volvió a ser detenida. En esta ocasión se la procesó por tráfico de drogas, a mediana escala. Nuevamente, la justicia dictó prisión preventiva en su contra.
Mientras caminaba por las calles del Valle de Los Chillos, en Quito, el hombre fue revisado por la Policía y en su poder se encontraron 6,82 gramos de cocaína, por lo que fue detenido.
Sin embargo, en su versión, aceptó que llevaba consigo la droga, pero aseguró que era consumidor desde los 18 años. Y ya que la cantidad se ajustaba a los límites establecidos en la tabla de consumo, la Fiscalía no lo acusó, fue sobreseído y liberado.
Identidad revelada
La identidad de agentes encubiertos, informantes, testigos o personas protegidas es reservada, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Quien revele indebidamente la información personal de estos sujetos se expone a una pena de cárcel de uno a tres años.
Con este argumento, el 10 de octubre de 2023, la Fiscalía alertó que está prohibido revelar la identidad del testigo protegido del caso Fernando Villavicencio.
Esta advertencia se hizo luego de que en las redes sociales se filtrara el nombre de esta persona.
Sin embargo, en este caso, el origen de filtración fue de la propia Función Judicial.
En el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje), se publican los documentos relacionados con las causas judiciales que sobrepasaron la etapa de reserva y ya están en instrucción fiscal, juicio o fase de impugnación. Es decir, son públicos.
Dentro del caso del asesinato de Villavicencio, el 7 de octubre de 2023 a las 23:35, en el Satje se publicó un auto emitido por la jueza a cargo. En este documento, se dio contestación a un pedido de la Fiscalía para extraer información de varios equipos tecnológicos.
Pero, además, la jueza tramitó el pedido de testimonio anticipado realizado por la Fiscalía. Y en el relato de esta diligencia se incluyó, no solo el nombre del testigo protegido, sino también su número de cédula y el lugar en donde sería recabado el testimonio.
Al día siguiente, en el acta del testimonio anticipado que también se subió al Satje, ya se utilizaron siglas en lugar del nombre. Pero no se corrigió el documento anterior.
Con información de Primicias
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