PROGRAMA DE GOBIERNO ACTUEMOS DE OTTO SONNENHOLZNER
PLAN DE GOBIERNO
El plan de trabajo cumple con los requisitos que establece el Art.97 del Código de la Democracia. A diferencia de otros programas, en sus propuestas detalla acciones concretas para lograr los objetivos específicos establecidos, que son medibles y podrían alcanzarse en el período. Algunas acciones carecen de profundidad propias de las asimetrías de la información de quien no forma parte de un Gobierno. Este plan contempla las restricciones económicas y la situación fiscal delicada que actualmente atraviesa el Ecuador, profundizadas por la política económica de los últimos 26 meses en que no se hicieron correcciones estructurales, pese a pasar una reforma tributaria que mejoró los ingresos de la caja fiscal. Propone vincular al sector privado, a organismos no gubernamentales y multilaterales para buscar el crecimiento económico, sin dejar de lado una visión de sostenibilidad de las finanzas públicas.
SEGURIDAD CIUDADANA
La propuesta en materia de seguridad plantea objetivos relacionados con la reducción de las muertes violentas, reincidencia criminal, y el aumento de la captura de los criminales más buscados. Complementariamente se propone dar impulso a la educación para reducir la exposición de los jóvenes en riesgo de consumo de drogas y evitar su involucramiento con el crimen. Se va a dotar a la fuerza pública de mayor capacidad, protección y respaldo para enfrentarse a las organizaciones criminales, creando una unidad especializada de combate a la delincuencia con enfoque en seguridad urbana que identifique e implemente las necesidades de equipamiento, tecnología e inteligencia para evitar los asaltos y la inseguridad en los centros urbanos del país.
Esta propuesta involucra cambios normativos que requerirán la aprobación de la nueva Asamblea Nacional que -de acuerdo a la intención de voto- sería mayoritariamente opositora. Para pasar estos cambios necesitará acuerdos y consensos mínimos con los nuevos actores de la función legislativa. En su estrategia para retomar el control de las cárceles propone vincular al sector privado para readecuar y construi infraestructura.
SITUACIÓN ECONÓMICA
Su principal propuesta es la defensa y protección de la dolarización.
Para aliviar la delicada situación fiscal que atraviesa el Ecuador, propone mejorar la gestión de ingresos impulsando la eficiencia y efectividad en la gestión tributaria a través de la Unidad de Grandes Contribuyentes del Servicio de Rentas Internas (SRI) y otras medidas relacionadas con control aduanero en puertos.
Plantean mejorar la eficiencia en la gestión tributaria sin generar más impuestos para los ciudadanos. A eso se suma una propuesta de mejoramiento de la renta petrolera que recibe el Estado a través de la mejora de la gestión del sector petrolero (incrementos de productividad y eficiencia) y la recuperación de la producción petrolera y eficiencia en la compra de derivados (los subsidios juegan un rol fundamental).
Propone acelerar y mejorar la capacidad de ejecución presupuestaria para la prestación de servicios públicos e inversión, a través de seguimiento y continuo liderazgo desde el Ejecutivo a todas las instituciones que dependan del Presupuesto General del Estado (PGE) y al mismo tiempo quiere, a través del Plan Anual de Inversiones, proveer de servicios sociales y de infraestructura a la población. El plan encuentra como principal eje articulador y proveedor de financiamiento en territorio a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, al Banco de Desarrollo de Ecuador para generar proyectos para el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura y la gestión de servicios públicos como agua potable y alcantarillado.
POLÍTICAS DE EMPLEO Y REDUCCIÓN DE LA POBREZA
Si bien no plantea un cambio estructural ni institucional para generar empleo en Ecuador, cree en la inversión privada para apalancar crecimiento económico y como consecuencia la generación de empleo adecuado y desarrollo sostenible. Plantea también la formalización empresarial para generar más opciones de empleabilidad junto con emprendimiento dinámico, a través de la entrega de capital semilla, capital de riesgo y la implementación de modelos de agenciamiento para garantizar eficacia, complementariedad con el sector privado promoviendo la conformación de nuevas empresas y acceso al financiamiento.
SALUD PÚBLICA
Se plantea mejorar la capacidad de respuesta del sistema nacional de salud, acorde a estándares internacionales, fomentando la transparencia en los procesos de compra de medicamentos, vacunas e insumos médicos, incorporando procesos tecnológicos y la implementación de mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas, que eliminen los procesos de compra no planificados y excesos dentro de las adquisiciones para disminuir los desperdicios.
El fortalecimiento del Primer Nivel de Atención en Salud, y promoción de la salud, políticas de resiliencia y emergencia, así como de ampliación del acceso a servicios de salud de calidad es su principal eje articulador.
Se pone como objetivo la digitalización y unificación de los servicios médicos del país (historia clínica electrónica unificada, registros e inventarios) y la distribución y entrega de medicamentos en coordinación con el sector privado, academia y los miembros de la Red Integral de Salud Pública, y la creación del Sistema de Compra Unificada de Medicamentos aprovechando la utilización de tecnología Blockchain para la adquisición y distribución a nivel nacional.
Trabajar de la mano del sector privado, academia, organismos internacionales para implementar mecanismos que permitan el acceso y flujo regular de medicamentos de enfermedades raras, catastróficas, fármacos oncológicos y para el cumplimiento de sentencias sobre medicamentos judicializados. Busca también fortalecer la capacitación del personal médico en relación con el trato de pacientes.
EDUCACIÓN
La propuesta es elevar la calidad educativa a través del mejoramiento de los estándares en todos los niveles, promoviendo el desarrollo integral de los estudiantes, aumentando la cobertura y equidad para garantizar una educación inclusiva y estandarizada e impulsar la educación intercultural como sistema incluyente en educación.
Busca impulsar la formación docente y la disponibilidad de herramientas pedagógicas para los docentes del Sistema Nacional de Educación y no hace ofrecimientos demagógicos sobre el salario. No habla de los posibles impactos fiscales que esto implica.
Se plantea la creación de programas de becas para la formación del talento humano en colaboración y financiamiento de actores internacionales y el sector privado, sin generar más presión fiscal para este propósito.
Se propone reducir la brecha de infraestructura educativa con estructuras prefabricadas y modulares. Se plantea la incorporación del estudio del inglés de manera virtual y obligatoria vinculado al currículo académico para asociar a las políticas de equidad educativa, asegurando que todos los estudiantes, independientemente de su ubicación geográfica u origen socioeconómico, tengan acceso a oportunidades para el aprendizaje de inglés de calidad.
Se plantea implementar el Programa 3 en 1 “Colegios de Alto Rendimiento, Alimentación y Transporte” que incluirá: un plan de nutrición, servicio de transporte seguro y programas de apoyo que aborden necesidades socioemocionales, deportivas, culturales, de mentoría y programas de liderazgo.
A esto se le suma la implementación del Sistema Dual en el Ecuador como alternativa para los jóvenes. Este sistema permite que los jóvenes aprendan un oficio que les dé oportunidades laborales reales, así como encontrar una vocación al momento de graduarse de la escuela.
Se aborda al magisterio para establecer mecanismos de formación y profesionalización a los docentes, a través de un sistema de selección de estos en el sistema educativo ecuatoriano cada vez más meritocrático.
ÁMBITO DE GOBERNABILIDAD, POLÍTICO Y CORRUPCIÓN
Se hace una especial mención a un modelo de gobernabilidad en donde se fortalece el vínculo de las instituciones democráticas con la ciudadanía promoviendo la cohesión social, generando acuerdos y compromisos a través de mecanismos de diálogo que incluyan los variosniveles de gobierno y a todos los actores públicos, privados y de la sociedad civil.
Además, plantea una estrategia en la lucha contra la corrupción con énfasis en el fortalecimiento de la institucionalidad, los procesos de rendición de cuentas y la fiscalización del Estado en las áreas de transparencia, en procesos de gobierno abierto, sistema de justicia, sistema electoral y contratación pública incorporando también mecanismos de participación ciudadana y veeduría.
PROGRAMA DE GOBIERNO REVOLUCIÓN CIUDADANA DE LUISA GONZÁLEZ
PLAN DE GOBIERNO
La estructura del Plan de Gobierno de la Revolución Ciudadana cumple parcialmente con los requisitos solicitados en un plan de gobierno detallado en el Art. 59 del Código de la Democracia. Los objetivos descritos en su programa, lejos de ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y de duración limitada son enunciados que exaltan el “buen vivir” y una serie de justicias, confundiendo sus objetivos específicos con los ejes de su programa de proyecto plurianual. Es interesante mirar la utilización de un “disclaimer” que llama la atención previa a la presentación de sus propuestas aduciendo lo siguiente:
“… la reducción del periodo presidencial significa que algunas de las propuestas detalladas quedarán planificadas, pero no todas ejecutadas”.
El Código de la Democracia que establece lo siguiente:
“…Plan de trabajo plurianual de acuerdo a la dignidad a la que hubieren optando, en el que se establecerán las propuestas y estrategias a ejecutarse de resultar electos” (énfasis de los autores). La norma es clara: EJECUTARSE no planificarse.
El plan no distingue entre las propuestas que cumplirán y que dejarán planificando. En esa misma línea se presenta un total de 459 enunciados que pueden ser catalogados como un “wish list” que no considera su impacto fiscal o su fuente de financiamiento y tampoco estrategias o planes de acción concretos de cómo lograr lo que se proponen.
SEGURIDAD CIUDADANA
Se plantea un cambio institucional que incluye un proceso constituyente participativo (Asamblea Constituyente talvez) así como la reestructuración de los actuales Ministerios del Interior y de Gobierno, la restitución del Ministerio Coordinador de Seguridad y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y cultos. Plantean un nuevo modelo de seguridad ciudadana, basado en la prevención, la reducción de la violencia y la convivencia pacífica con justicia, equidad y derechos humanos, pero reafirmando el monopolio del Estado sobre las armas.
Se quiere también organizar la participación y la solidaridad ciudadana, así como los mecanismos de alarmas comunitarias junto con los GAD en todos sus niveles, e implementar las Asambleas comunitarias de seguridad ciudadana como elemento de información, prevención y veeduría cívica de la acción policial. Llama la atención la propuesta de realizar un programa intensivo para el crecimiento de la confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional y la renovación (dignificación) de la misma y no en una clara intención de dotar de insumos y pertrechos para que cumplan su función. Es importante señalar que no se menciona de manera explícita al narcotráfico cómo arista o eje de combate en su plan de seguridad ciudadana.
SITUACIÓN ECONÓMICA
Algo que llama mucho la atención es una propuesta de recuperar y profundizar los instrumentos para gestionar la liquidez de la economía. No se da mayores detalles, pero puede referirse a usar la liquidez del Banco Central del Ecuador y utilizarla para financiar el gasto público, confundiendo al Central como un banco comercial y no un banco de reservas. Esto, lejos de proteger la dolarización, la pone en peligro. Alarman también las intenciones de realizar una auditoría integral a la deuda pública adquirida durante la pandemia, quizá con un propósito similar que en 2008 la cual el gobierno la declaró ilegítima y como consecuencia el no pago de la misma, que ocasionó que los mercados internacionales no olviden esas acciones reflejándose en el alto riesgo país.
Las propuestas que detallan no han sido cuantificadas y rasgan en el populismo agresivo para captar votos, sin siquiera saber de dónde se sacarán los recursos económicos pese a la delicada situación fiscal. Entre esas propuestas se encuentran: créditos sin interés (más subsidios), nuevos ministerios (Unidad Nacional de Almacenamiento EP (en liquidación), Ministerio de Desarrollo Infantil Integral, Ministerio Coordinador de Seguridad, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, YACHAY EP, Agencia Especial de Ciberseguridad), un nuevo programa de becas en el exterior, aumento de salarios para docentes, personal de salud y policías, incremento de las derivaciones a clínicas privadas en la atención de salud del MSP, eliminación del IVA a todos los productos de la canasta básica de alimentos, telecomunicaciones e internet en todo el territorio nacional.
Como propuesta a la sostenibilidad fiscal indirectamente plantea una “adecuación en la presión tributaria dentro de niveles convenientes y acordes a estándares internacionales” (más impuestos), plantea revisar los subsidios y luchar contra la evasión fiscal.
POLÍTICAS DE EMPLEO Y REDUCCIÓN DE LA POBREZA
Las propuestas entorno a la política laboral son escuetas y no pasan de ser ofrecimientos políticos, sin ningún tipo de estrategia concreta para disminuir las tasas de empleo no adecuado y desempleo. La propuesta se basa en poner en el centro del modelo el respeto de los derechos laborales, tanto individuales como colectivos, la estabilidad en el trabajo, las condiciones laborales seguras y saludables, los salarios dignos sin mencionar estrategias concretas de cómo lo hará.
Fomentará un control a las empresas que utilizan plataformas digitales para asegurar que respetan los derechos laborales de las personas a las que emplean en régimen asalariado.
En cuanto al empleo joven promueven estrategias de prácticas y formación dual y exenciones tributarias a las empresas que generen empleos formales para jóvenes. A eso se suma el otorgamiento de créditos y microcréditos para maquinarias y herramientas, capacitación, seguimiento y acompañamiento para generar empleo en el sector rural.
SALUD PÚBLICA
Plantea la ampliación del presupuesto para la atención de salud, teniendo como base la Atención Primaria de Salud, priorizando la promoción y prevención, así como la constitución de redes integrales de atención que incluyan los diferentes niveles de complejidad, involucrando todos los recursos existentes tanto públicos (MSP, IESS, FFAA, otros) como privados, bajo la rectoría y regulación de la Autoridad Sanitaria Nacional, sin la posibilidad de la privatización de los hospitales. Esto es algo que ya fue implementado en años anteriores y no termina de funcionar del todo.
Se plantea también el fortalecimiento en infraestructura, personal, equipamiento, provisión de insumos y medicamentos según su nivel de complejidad, y la planificación de presupuestos anuales y plurianuales para mantener los equipos e instalaciones hospitalarias de manera permanente.
Se plantea abordar el consumo de sustancias psicoactivas como un problema de salud pública que es uno de los primeros pasos para la legalización controlada de algunas sustancias estupefacientes.
EDUCACIÓN
Se propone revisar los modelos pedagógicos, el Plan Decenal educativo para incentivar el pensamiento crítico en los estudiantes y para el fortalecimiento del sistema educativo nacional.
Fortalecer las Unidades Educativas del Milenio (UEM) y distribuir los recursos para la educación con criterios de equidad social, poblacional y territorial para eliminar brechas y desigualdades étnicas, de género, urbano rural y por condición física, brecha tecnológica y de conectividad entre lo urbano, urbano-marginal y rural incorporando las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el proceso educativo.
Se plantea un esquema de rendición de cuentas sobre resultados educativos y gestión de recursos públicos de parte de las instituciones fiscomisionales, artesanales y comunitarias para que, con el financiamiento estatal, estén garantizados los principios de gratuidad e igualdad de oportunidades. A eso se suma un sistema nacional de evaluación que fomente la mejora continua a través de mecanismos regulados de becas, créditos, cobros, cuotas de ingreso u otros que permitan la equidad social en el ingreso a la educación superior particular.
PROGRAMA DE GOBIERNO CONSTRUYE FERNANDO VILLAVICENCIO*
*Este artículo se lo realizó días antes del fallecimiento del candidato.
PLAN DE GOBIERNO
El enfoque de la propuesta tiene como eje central al problema de “enfrentar la crisis de seguridad” del país y la entiende no solamente como el aumento de los índices de violencia y delincuencia que afectan al ciudadano, sino de una manera multidimensional, que abarca: la seguridad alimentaria, la económica, la ambiental, la sanitaria y la seguridad democrática, como la única forma de avanzar en “la agenda productiva, de emprendimiento, de innovación, de turismo, entre tantas otras”. A través de acciones y estrategias de corto y mediano plazos, se plantea construir esta seguridad durante el corto período de gobierno. Este programa cumple parcialmente con el Código de la Democracia, que en su art. 97 estipula el contenido del Plan de Trabajo de los candidatos debe tener un diagnóstico de la situación actual, objetivos generales, específicos y un plan de trabajo plurianual. No desarrolla indicadores ni especifica los mecanismos de rendición de cuentas, solamente asegura que esta se dará.
SEGURIDAD CIUDADANA
En dos años la tasa de muertes violentas pasó -aproximadamente- de 7 a 27 por cada cien mil habitantes; el número de homicidios se cuadruplicó en dos años superando los 4.600 casos en 2022. La propuesta reconoce que todos los delitos han crecido en el país: y la más grande impunidad en los casos de terrorismo y de corrupción. Se explaya en las estrategias, de fortalecimiento de la Policía Nacional, de acciones y medidas a tomar para combatir los delitos contra la seguridad de las personas y contra la economía criminal, pero no contempla las restricciones de financiamiento que va a enfrentar. Considera que hay que abordar el problema de la seguridad también desde sus causas estructurales, generando oportunidades de empleo, fomentando la equidad social, la participación ciudadana y la construcción de una cultura de paz, con oportunidades económicas. Esta visión integral implica la reorganización institucional del sector social, inversión pública y privada en el sector productivo, junto con el buen uso de los recursos. Una seria dificultad de esta propuesta será la depuración del sector judicial, que no depende del Ejecutivo, pero es clave para recuperar la seguridad jurídica. Ofrece concretar algunos proyectos de ley en esta línea:
2.Ley de Inteligencia: la investigación e inteligencia es una forma efectiva de combatir el crimen.
3.Ley de Creación de la Universidad de la Policía Nacional.
4.Reformas a la normativa sobre el uso de la fuerza: la Policía Nacional debe tener el respaldo legal necesario para su actuación siempre en el marco de la Constitución.
SITUACIÓN ECONÓMICA
Plantea un ideal de crecimiento económico de 5% del PIB por año con el que nadie puede estar en desacuerdo; sin embargo, reconoce que entre 2013 y 2022 el promedio de crecimiento del PIB en Ecuador fue de 1,05%, frente a un 2,9% promedio de América Latina. Es positivo que promueva una economía con inclusión y equidad para los pueblos indígenas y afro ecuatorianos, así como el diseño de un modelo de ciclo de atención social focalizada para que los beneficiarios/usuarios del bono y sus familias tengan acceso a salud, educación y formación para el trabajo y acceso de productos financieros que permita que inviertan en proyectos de agricultura y ganadería familiar.
Propone la inclusión financiera para la población en general y la creación de oportunidades económicas de supervivencia y bienestar para reducir los incentivos que existen para el involucramiento de las personas y de los jóvenes en actividades delictivas, propuesta que entraña un gran reto dado que hay solamente un 35% de ecuatorianos con empleo adecuado y un cambio de esta situación va a requerir elevar los niveles de inversión. ¿Cómo aumentar inversión en un período de transición de 18 meses, si hubo un colapso en el primer semestre de 2023 (inversión de apenas $ 17 millones frente al promedio de $ 200 millones en igual período de los últimos ocho años)?. En la propuesta, un tema donde entraría la inversión está ligado a los proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento, mantenimiento vial, nuevas inversiones viales y mantenimiento preventivo del sistema hidroeléctrico del país.
La propuesta se alinea con el fortalecimiento de la dolarización y la continuidad del desmantelamiento del impuesto a la salida de divisas, lo cual es bien recibido por el sector empresarial. En lo tributario, no habla de la elevación de impuestos, en atención a la situación fiscal; más bien considera oportuno fortalecer el cobro de impuestos y el combate a la elusión y evasión de tributos con el uso de inteligencia artificial. Una serie de incentivos tributarios se pondrían en práctica para propiciar la apertura accionaria de las empresas familiares al público y su inscripción en bolsa, con el fin de ganar transparencia y competitividad. Se propiciaría la llegada a la bolsa de valores de empresas públicas con la idea de que al menos un 20% pueda ser negociado en ese mercado, con lo cual se acabaría el monopolio absoluto del estado en la propiedad de esas empresas y favorecería su transparencia, contribuyendo al fin de la operación de las mafias internas que han operado por años.
Propone la creación de una Oficina Técnica de Control Presupuestario, con la misión de ejercer una evaluación de la calidad y cantidad del gasto realizado por todas las entidades del sector público, incluyendo las empresas públicas. Una figura similar consta en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPLAFIP, en donde se menciona un “Comité Nacional de Coordinación Fiscal”, aunque sin autonomía administrativa. Esta propuesta parece haberse originado en el decepcionante ratio de ejecución presupuestaria en lo que va del año, para diferentes ministerios a junio 2023 (Salud Pública 37%, Interior 8,8%, Transporte y Obras Públicas 28,1%, etc.).
POLÍTICAS DE EMPLEO Y REDUCCIÓN DE LA POBREZA
La propuesta se cuida de no ofrecer un número de empleos a crear, para no desgastar la credibilidad en un contexto de estancamiento económico y de una inseguridad galopante. Construye-25 destaca que el sector de agricultura y ganadería aporta en conjunto un 9% al PIB anual y que genera empleo a un 30% de la población por lo cual se debe priorizar la atención a este sector como parte de su estrategia de generación de empleo (sobre todo rural) y el combate a la pobreza, con medidas como: 1) fomento de la asociatividad y acceso a tecnología; 2) generación de emprendimientos incluyentes y sostenibles; 3) ampliación de líneas crediticias para pequeños y medianos productores; 4) tecnificación agrícola; y, lo más novedoso, 5) construir y consolidar un Registro Nacional de Agricultura Familiar para la aplicación de políticas específicas. La experiencia de contar con el Registro Social para la agenda de política social fue clave en la pandemia, por lo que su aplicación en este ámbito es prometedora.
SALUD PÚBLICA
Proponen mejorar el acceso universal al sistema de salud, fortalecer el primer nivel de atención con la ampliación y mejora de l infraestructura de los centros de salud, un sistema de agendamiento para pacientes en servicios normales, atención oportuna y provisión de medicamentos. La reforma al sistema de contratación pública permitiría agilitar y mejorar la provisión de medicamentos en el sistema. La propuesta se articula partiendo de reconocer el enorme déficit de disponibilidad de camas por cada 1.000 habitantes (apenas 1,4 en lugar de 2,7 que es el estándar), la desnutrición infantil que afecta al 25% de los menores de cinco años y la necesidad de poner a funcionar lo que consideran operó como “un sistema fracasado y corrupto de la salud pública”.
EDUCACIÓN
En la educación básica buscan dar prioridad no solo a la inscripción de los alumnos en el sistema de educación pública en escuelas y colegios, sino a su permanencia. En la educación superior la prioridad es ampliar el acceso en alrededor de 130.000 cupos por año para que los jóvenes no se queden al margen de la educación superior de calidad y tengan la posibilidad de formarse para un futuro profesional de trabajo y producción.
PROGRAMA DE GOBIERNO CLARO QUE SE PUEDE YAKU PÉREZ
PLAN DE GOBIERNO
Una alianza de algunas organizaciones conformadas por los movimientos: Somos Agua, Democracia Sí, Unidad Popular y el Partido Socialista Ecuatoriano impulsan juntos un Frente Amplio con una iniciativa que se considera “la tercera vía”, no derecha, no izquierda sino una alianza organizada en torno a un Pacto Ético, Social y Ecológico al que convoca a la ciudadanía. Tiene un enfoque integral holístico sobre la Pacha Mama a la que considera como centro de la vida, de la economía, la ética, la educación, la investigación y la ciencia. El grupo considera que esta filosofía de vida es necesaria para enfrentar los problemas estructurales que ha traído la globalización, ya que -aunque trae crecimiento económico- también se han intensificado los procesos extractivos de recursos naturales, la transnacionalización del crimen organizado, el uso no sustentable de ecosistemas y el colapso climático. Los principales problemas a resolver son: 1) corrupción; 2) crisis socioeconómica profundizada por la pandemia; 3) elevada criminalidad, y 4) debacle de la institucionalidad del Estado.
El Programa “Claro que se Puede” cumple con el Código de la Democracia, que en su art. 97, detalla un diagnóstico, objetivos generales, específicos, acciones, metas e indicadores de cumplimiento y rendición de cuentas. Sin embargo, en sus propuestas parecería no haber restricciones de financiamiento ni de tiempo.
SEGURIDAD CIUDADANA
Movilizar a todos los servidores de la fuerza pública para de manera inmediata enfrentar y detener la ola delincuencial existente en el país, incluidas las cárceles con patrullaje permanente.
Depurar organismos de seguridad; intervenir de manera inmediata las cárceles, separando a personal contaminado por la delincuencia y aplicando nuevos protocolos y mecanismos de control. Dotar de recursos para equipamiento estratégico de las fuerzas del orden, a través de declaratorias de emergencia. A mediano plazo, impulsaría una Agenda Nacional y Regional de combate al narcotráfico, al crimen organizado transnacional así como el fortalecimiento de la inteligencia estratégica para el combate al crimen organizado.
Trabajar con la juventud, reforzando la formación educativa, deportiva, cultural y la generación de fuentes de trabajo.
Impulsar una acción vigorosa de la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico) para no permitir el blanqueo de capitales.
En un reconocimiento de que la violencia contra la mujer tiene componentes culturales, se comprometen a instruir con mensajes para la prevención de la violencia en contra de la mujer para cambiar actitudes y valores, concientizar e informar respecto de la inequidad de género.
SITUACIÓN ECONÓMICA
La política económica se alinea con la economía del bienestar, con criterios de equidad, redistribución de ingresos, estabilidad institucional y transparencia, sustentada en un enfoque de derechos. No es la producción ni una agenda interna de productividad o de industrialización lo que se promueve en lo económico. Llama la atención el siguiente postulado: “No se podrán tomar medidas macroeconómicas que resulten desfavorables a la población”, cuando la política macroeconómica busca medidas de equilibrio en donde siempre habrá disyuntivas con beneficios y costos. En el plan se afirma que se respetará la propiedad privada que va a convivir en armonía con la propiedad pública y comunitaria.
La propuesta señala que va a fortalecer la dolarización, pero el candidato Pérez considera que puede tomar recursos de las reservas internacionales para el gasto, lo cual contradice el postulado. La propuesta presentada alejará a los prestamistas de Ecuador, elevará el riesgo país y los costos de financiamiento externo debido a que se anuncia una auditoría de la legitimidad de la deuda externa y la prioridad de pago de la deuda social: un dejá vu de lo ocurrido en 2008 durante el correato.
Se propone dinamizar el crédito para reactivar el sector productivo que promueva el desarrollo del mercado interno, con una prioridad para el sector agropecuario (orientado a seguridad alimentaria), el turismo ecológico, la producción más generadora de empleo y la industria de sustitución de importaciones; esta última, política con un rotundo fracaso en América Latina de los años setentas en adelante.
Por el lado tributario, el orden en la economía se entiende como el cobro de los impuestos que adeudan, evaden o eluden las grandes empresas nacionales y transnacionales. “El impuesto a la renta representará un porcentaje de recaudación no menor del 15% del PIB, y será el ingreso más importante del Estado, mientras que se reducirá el impuesto al valor agregado, IVA”. Es absurdo pretender subir el impuesto la renta de un nivel recaudatorio de 3,9% del PIB en 2022 al 15% del PIB en 18 meses y no tener ni una explicación al respecto. ¿Habrá una escala de impuestos de nivel confiscatorio? ¿Impuestos al patrimonio? Bajar el IVA, cuyo nivel es de los más bajos en América Latina, también resultaría absurdo cuando la situación fiscal es apremiante.
Por otro lado, los ingresos petroleros representaron el 14,4% del PIB en 2022, ¿a cuánto se esperaría que bajen con la política de retiro gradual de las actividades extractivas? Nada se dice al respecto.
Un salto tributario de esa magnitud en impuestos directos ahuyentará la producción, la inversión y el empleo. La propuesta es específica en señalar que se espera crear un “ecosistema económico comunitario que pueda satisfacer las necesidades básicas de todos con dignidad”, ya que bajo este enfoque “la base de la economía nacional serán los territorios, con las familias, comunidades, pueblos, nacionalidades, barrios populares, asociaciones, cooperativas, etc. que van a generar ingresos, conservarán y circularán los recursos”. Un cambio semejante ¿tendrá operatividad en 18 meses?
Proponen que Ecuador abandone controladamente las actividades extractivas no sustentables desde ya, estableciendo una limitación a la frontera petrolera y las nuevas licitaciones de bloques petroleros no sustentables. Para lograr un territorio libre de minería metálica, promoverán una Consulta Popular que proponga que el modelo de desarrollo dé prioridad al mantenimiento de fuentes de agua, zonas de recarga hídrica, páramos y humedales.
POLÍTICAS DE EMPLEO Y REDUCCIÓN DE LA POBREZA
La propuesta de promover y generar nuevas fuentes de empleo señala que “todas las carteras de Estado tendrán que coordinar para identificar desde cada una de ellas la manera de contribuir a generar empleo a partir de sus áreas de gestión”, modalidad que prioriza la iniciativa estatal frente a la innovación empresarial y la inversión privada. Es riesgoso pasar por alto el aspecto de productividad y competitividad laboral, sugiriendo la posibilidad de reducir horarios laborales -como forma de promover el aumento de plazas de empleo.
Propuestas como mejorar métodos productivos, emprender obra pública de uso masivo de fuerza de trabajo, realizar recuperación de ecosistemas degradados, incluida la reforestación son positivas, pero deben estar financiadas o podrían quedar en el papel.
Positivo que se planifique desde la perspectiva de equidad de género y acceso de la mujer a fuentes de empleo, educación, créditos, emprendimientos y toda forma de realización humana de la mujer, reducción de pobreza e inclusión social en igualdad de condiciones. Se habla de establecer políticas contra el desempleo pero no se dice cómo se va a lograr esto.
En cuanto a las políticas sociales, destacan una visión inclusiva para proteger al ciudadano “durante toda la vida”, desde la gestación hasta la muerte, pero sin señalar un financiamiento disponible. La propuesta de una “renta básica universal” se promovería mediante una transición de los mecanismos de bonos y subsidios hacia esta iniciativa, de modo que cada ecuatoriano tenga derecho a un monto determinado, pagadero durante períodos de penuria personal o familiar. La cuestión es que el bono solidario no es universal, sino que está dirigido a una población específica dentro de un registro social de los más pobres.
SALUD PÚBLICA CON SECTOR PRIVADO COMO CO-RESPONSABLE
Uno de los postulados del Pacto Ético, Social y Ecológico es el de transformar radicalmente el sistema de salud, pero la forma cómo se va a lograr esto no está especificada. Proponen impulsar políticas y acciones de fomento a la salud preventiva, fortaleciendo la salud curativa y un mejor acceso a los servicios de las poblaciones vulnerables y desfavorecidas. La equidad en el acceso a la atención de salud será prioritaria. En la atención primaria se adoptará una visión holística de la salud que vaya más allá del limitado modelo médico. Es curioso que la propuesta considere que el sector privado tiene un rol fundamental de agente corresponsable en la salud de la población, junto al Estado, así como de la remediación de los problemas de salud que sus procesos de producción y productos ocasionen.
EDUCACIÓN
Como parte del Pacto Ético, Social y Ecológico, se habla de construir un sistema nacional de educación emancipadora y diversa, lo que significa impulsar una educación no machista, no paternalista, no colonialista ni racista; o sea una transformación cultural que aleje esas prácticas del ámbito de la vida social. Este postulado requiere concienciación y trabajo en el muy largo plazo y en 18 meses su impacto no se podrá medir, pero se puede empezar. Hay la intención de establecer políticas y acciones para mejorar la educación pública, asegurando su gratuidad, sentido comunitario e intercultural. Quieren promover la enseñanza e investigación sobre los saberes ancestrales, la práctica comunitaria, la diversidad cultural, los nuevos saberes (biotecnología, inteligencia artificial, medicina nuclear, robótica, entre otras).
Derecho a la educación: Incentivarán la permanencia de estudiantes con política de becas y créditos que combatan la deserción escolar así como poner incentivos contra la deserción escolar juvenil femenina; pero de financiamiento no hablan. En la Educación Superior promueve la restitución del presupuesto para Instituciones Educativas Superiores, cuando las reducciones presupuestarias ocurrieron en concordancia con la caída de los ingresos tributarios que financiaban el Fopedeupo (Fondo Permanente para el Desarrollo Universitario y Politécnico), por efecto de la pandemia. Al bajar el IVA, como proponen, le estarían restando ingresos al Fopedeupo, pues este se alimenta del 10% de la recaudación del IVA.
PROGRAMA DE GOBIERNO ALIANZA POR UN PAÍS SIN MIEDO JAN TOPIC
PLAN DE GOBIERNO
El programa cumple con el Código de la Democracia en su art. 97 pues presenta objetivos, un diagnóstico de la situación, un programa de gestión y se compromete con presentar la rendición de cuentas sobre su ejecución.
SEGURIDAD CIUDADANA
En materia de seguridad están muy bien definidos los objetivos específicos y su alcance, dado que el candidato Jan Topic es un experto en temas de seguridad. El Programa en este ámbito estará alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, que se resumen en recuperar el control de: los espacios propios del Estado empezando por las cárceles; y, los espacios en los que el Estado tiene plena capacidad y obligación explícita de ejercer sus funciones. Reconocen que la ciudadanía está a merced de los “vacunadores” pues el crimen y la impunidad se han tomado el país.
El Plan de Trabajo busca fomentar:
1) Protección de los derechos y libertades;
2) Preservación del orden público (el Estado debe mantener y fortalecer el orden para prevenir el caos y la violencia);
3) Mantenimiento del orden público (entorno seguro para el ciudadano, con confianza en las instituciones).
4) Desarrollo económico: los ciudadanos deben sentirse libres y seguros de abrir un negocio, de comerciar, lo cual es indispensable también para la inversión extranjera.
5) Defensa de los derechos humanos: empezando por el derecho a la vida, integridad personal, libertad y seguridad.
Consideran que una de las razones por las que se sostiene la dolarización es la presencia de capitales originados en actividades del crimen organizado transnacional. El planteamiento es tener una economía dolarizada, libre de capitales oscuros para que crezca sin actores económicos invisibles al sistema. Para lo cual buscarán apoyo técnico y cooperación internacional.
INSTITUCIONALIDAD QUE RESTA AUTONOMÍA A LOS DISTINTOS PODERES
Proponen la creación de un “Consejo de Estado”, norma que no existe en la Constitución, por lo que se trataría de una reforma constitucional. A este Consejo pertenecerían de manera permanente las cabezas de cada uno de los poderes del Estado, para mantener activas decisiones y seguimiento que atañen a todos en conjunto como estado, por encima de las funciones específicas de cada uno. Un cuerpo colegiado de este tipo es abiertamente inconstitucional, porque rompería la autonomía de poderes. El Ejecutivo es el responsable de la seguridad del Estado y su debilidad no debe llevarle a crear estructuras que pongan en riesgo la autonomía de las otras funciones, aunque es una realidad que el crimen organizado ha penetrado en las instituciones del Estado.
EN LO ECONÓMICO
Se menciona claramente el impulso a una Economía Social de Mercado como un sistema económico con reglas claras que fomente el comercio exterior, turismo, atracción de inversiones y modernización del sistema financiero nacional. Se promovería la productividad y competitividad en los sectores: agrícola, industrial, acuícola y pesquero, buscando que la lógica a de la economía circular permita condiciones sostenibles para la mayoría de ecuatorianos, promoviendo la gestión integral de los recursos naturales, incluyendo los recursos hídricos.
Se buscarán recursos para iniciar una renegociación de la deuda externa, para lograr ampliar su plazo de pago y rebaja de interés y capital para reactivar el ahorro del país. Obtener créditos en el mercado internacional a la tasa que corresponda a un menor riesgo país. Generar el mejor ambiente de negocios para promover una economía agro-exportadora que dé cabida a la iniciativa empresarial, atraiga inversiones para reactivar la producción.
Fomentar la creación de empleo digno y sostenible, promoviendo el emprendimiento, la inversión del Estado en sectores claves y el desarrollo de habilidades relevantes en el mercado laboral. Implementar políticas económicas que impulsen el crecimiento inclusivo y la reducción de la desigualdad.
La propuesta se alinea con otras de orden global como el hambre cero, la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promoción de la agricultura sostenible, el trabajo digno y el crecimiento económico, que busca lograr que este sea inclusivo y sostenible. Apoyan el empleo pleno, la innovación en infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación en todos los ámbitos.
Se propone la lucha por el fin a la pobreza en todas sus formas, por ser caldo de cultivo de la inseguridad en todo el mundo. Para ello se buscará el fortalecimiento del sector de la salud, así como una educación inclusiva y de calidad.
SALUD
Se buscará consolidar el sistema público de salud y reactivar la red pública de salud. Para ello se va a requerir mejorar la infraestructura, el equipamiento y la dotación de medicamentos, así como el acceso a los servicios de atención primaria y especializada con equidad para los sectores rural y urbano y a distinto nivel socioeconómico.
Otra propuesta sería el fortalecimiento del Sistema de Seguridad Social y la promoción de programas de atención médica gratuita dirigida a los grupos más vulnerables. Campañas de salud preventiva, hábitos saludables de ejercicio y alimentación, información sobre salud sexual y reproductiva y vacunación.
Los servicios de la red de salud del IESS se podrían dar a la población de manera privada.
SEGURIDAD SOCIAL
Se propone contar con recursos para el pago de la deuda al IESS por parte del Estado, algo que no se ha podido cumplir en los últimos años por falta de recursos fiscales. Se buscaría separar las prestaciones de salud que hoy facilita el IESS y permitir que estos servicios puedan ser prestados por el sector privado. Las labores técnicas de administración de los fondos previsionales sí las haría el IESS, al tiempo que podría racionalizar el número de empleados y funcionarios en la institución. El IESS tendría la posibilidad de invertir el ahorro generado con calidad. No se dice una palabra sobre las decisiones que tendrían que tomarse para devolver la sostenibilidad al pago de pensiones jubilares.
EDUCACIÓN
Se propone la educación con bachillerato internacional, y que los jóvenes completen junto con la educación secundaria, la obtención de un arte u oficio que en casos de emergencia como el actual pueda transformar al estudiante universitario, en mano de obra con formación superior, puesto que el mercado laboral no está generando todos los puestos de trabajo requeridos cada año. Con ello se podría facilitar el acceso a un ingreso, en momento de contracción económica, se reduciría la migración que se está experimentando. Para lograrlo se requeriría corregir los currículos. También se priorizaría la formación docente con actualización en la capacitación y desarrollo profesional.
Se propone hacer cumplir la inversión en educación: revisar la correcta asignación presupuestaria a la educación pública con el fin de mejorar la calidad de la infraestructura escolar, actualizar los recursos educativos y asegurar una dotación suficiente de personal tanto docente como operativo.
Uso de la tecnología en la educación: muy interesante la propuesta de modernización y tele prosperidad, con entrega de tablets a los estudiantes, internet inalámbrico, computadoras gratuitas con internet, programas de formación de habilidades necesarias para fomentar el empleo.
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