El ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, alegó en el espacio de Entrevistas del noticiero 24 Horas que el estado ecuatoriano no ganará nada si deja de producir «los 55 000 barriles» que salen de la zona ITT del Yasuní. «El mundo no se va a dar cuenta, lo que no produzcamos lo hará otro país», dijo.
También aseguró que en ese sector amazónico, la única presencia estatal es la de Petroecuador. Con su salida, el Ministro teme que lleguen los colonos, madereros, mineros y sembradores de droga ilegales.
«En lugar de ayudar a conservar el medioambiente podemos crear las condiciones ideales a la destrucción del ITT», advierte. Y también alerta la cercanía con Colombia, desde donde también estarían atentos a la situación del control territorial de la zona.
Santos Alvite asegura que «durante estos 10 años que Petroecuador entró a producir en el Yasuní no ha habido ningún derrame, todo está limpio». Aunque, «claro que ha cambiado» la situación del lugar, incluyendo el desarrollo.
En cuanto a la decisión de la Corte Constitucional de dar paso a la consulta popular, el Ministro pide «un poquito más de contacto con la realidad del país». Añade que «hay que conjugar las realidades. Por un lado el cuidado ambiental, pero también tiene que desarrollarse el país».
«Esa gente que vivía aislada tiene empleo, por primera vez han tenido acceso a los servicios básicos. Si volvemos al pasado tendrán que regresar a la edad de piedra», sostiene Santos Alvite.
Casi 2 000 millones de dólares ha costado instalar la infraestructura para que funcione el bloque 43, indica el Ministro de Energía. «Es un campo que puede seguir produciendo 15, 20 o 25 años más», dice.
Si en la consulta popular gana el Sí habrá que desmantelar la estructura completa. Eso tardaría entre cuatro y cinco años y costaría «unos 500 o 600 millones de dólares», señala Santos Alvite.
Además sostiene que algo «que nadie ha dicho», es lo referente a la consulta previa informada a los habitantes de la zona. «¿Y si la gente dice no?», cuestiona.
En el bloque ITT hay 250 pozos y «creo que cuesta dos millones de dólares apagado cada uno», dice el Ministro. «Se va a crear un caos, no solo económico, porque nunca se ha desmantelado un campo en el país». Y teme que pueda generarse, en ese caso, un derrame o una explosión.
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