La autorización del porte de armas de uso civil y los altos niveles de criminalidad ha obligado a las universidades del Ecuador a replantear sus acciones. Unas trabajan en la implementación de sistema de seguridad y otras harán controles.
La controversial medida fue decretada por el presidente de la República, Guillermo Lasso, el 1 de abril del 2023. Allí autorizó la tenencia y porte de arma de uso civil para defensa personal. Esto por los altos niveles de la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado.
Esto preocupa a las autoridades de las 71 universidades y escuelas politécnicas, públicas y privadas. No han faltado los comunicados de rechazo a la medida. Además, ratificaron que está prohibido el ingreso de armas letales a sus campus universitarios.
En este 2023, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Uleam) trabaja en un cambio de modelo gestión de seguridad. Esta provincia ha sido una de las más violentas del país con 171 asesinatos entre enero y marzo del 2023.
Primero, empezó mejorando el sistema tecnológico con la instalación de 120 cámaras internas y adyacentes a los campus universitarios. Estos dispositivos están conectados con el Distrito de Policía de Manta y con el ECU-911 de Portoviejo.
Segundo, tienen una sala de monitoreo con 20 técnicos. “Es una especie de mini Ecu-911 dentro de la Universidad para detectar posibles delitos y proteger a nuestra comunidad de más de 25 000 personas, explica su rector, Marco Zambrano.
Tercero, están instalando torniquetes, conformado por un software, que activará el ingreso a través de la credencial o reconocimiento facial. Así, a partir del 2 de mayo, cuando inicien las clases presenciales, solo ingresará el personal que pertenece a la institución.
Los visitantes lo harán con una revisión minuciosa y que ahora está pensada para evitar el porte de armas, explica Zambrano. En este proyecto la Uleam invierte USD 400 000, incluida una ambulancia para temas de emergencia y seguridad.
Casi todas las universidades del Ecuador cuentan con cámaras de video vigilancia dentro de sus territorios. Ahora muchas de ellas están pensando en ampliar su número, para mantener un monitoreo permanente durante las jornadas académicas.
Otro cambio es la contratación o ampliación del número de guardias. La Uleam tenía personal de la misma institución para la seguridad y los cambió por guardias de empresas privadas que están en 24 puntos.
Para su rector, era necesario mejorar e implementar sistemas de seguridad porque “sabemos que existen ciertos estudiantes que, lamentablemente, andan en situaciones indebidas y por la inseguridad que existe en la ciudad”.
En cambio, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, implementará controles y las medidas disciplinarias que fueran necesarias. Así ordenaron sus autoridades a la empresa de seguridad que les brinda el servicio, una vez que conocieron la decisión del Primer Mandatario.
El martes 4 de abril, Guillermo Lasso se reunió en Guayaquil con representantes de la Asamblea Universitaria del Ecuador. También estuvieron los ministros del Interior, de Educación, Derechos Humanos y la Secretaria de la Senescyt.
Los rectores pidieron al Gobierno que corrija su decisión, porque la consideran como un grave error. También plantearon algunas inquietudes que tienen sobre el Decreto 707 y que la normativa tenga limitaciones.
Por ejemplo, que en las escuelas, colegios y universidades no se permita el uso de armas, bajo ninguna justificación. En el Ecuador son 16 095 planteles educativos, de los cuales 12 367 pertenecen al sistema fiscal.
“Hay menores que pueden llevar armas de la casa al colegio y me preocupa cómo el Ministerio de Educación va a controlar. Con esto, los planteles deberían implementar sistemas de seguridad, dice Zambrano.
Para Enrique Pozo, rector de la Universidad Católica de Cuenca, hay que trabajar en la prevención de la seguridad y reformas del decreto de porte y tenencia de armas. En los próximos días habrá una nueva reunión y la Asamblea Universitaria del Ecuador va a plantear algunas propuestas.
Por ejemplo, dicen que hay poblaciones que sí deben portar armas como los militares y policías en servicio pasivo, los agentes de tránsito y guardias municipales, porque están capacitados para hacerlo.
Finalmente, Pozo dijo que harán un trabajo mancomunado para generar la propuesta solicitada por el Gobierno Nacional y aportar con soluciones que traigan paz al país.
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