El Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), con Paco Moncayo y Wagner Bravo a la cabeza, recomendó al presidente Guillermo Lasso emitir un decreto para definir las acciones para enfrentar al terrorismo.
Un día después de su posesión, Wagner Bravo, nuevo secretario de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), y Paco Moncayo, consejero de Gobierno para la Seguridad, lideraron su primera reunión del Cosepe.
Junto al presidente Guillermo Lasso, los dos exgenerales de las Fuerzas Armadas estarán al frente del máximo organismo de seguridad del Estado. El Cosepe aglutina a las autoridades de todas Funciones del Estado y de las principales instituciones.
Al final de la reunión, que duró cerca de cuatro horas, el Cosepe resolvió:
En la víspera, durante el evento de posesión de Bravo y Moncayo, Lasso aseguró que con la inclusión de estos dos nombres en su Gabinete, empezará una nueva era en el combate contra el crimen organizado.
En el arranque de la cita del Cosepe, convocada para las 15:30 del 27 de abril de 2023, el Primer Mandatario, el presidente Guillermo Lasso anunció que se definirán nuevas medidas para la lucha del Estado contra el crimen organizado.
El mandatario declaró la reunión como reservada. Esta reunión del Cosepe está pendiente desde el 16 de abril. Ese día debió instalarse en Esmeraldas, ya que seis días antes en esa provincia, había ocurrido la masacre de nueve pescadores en manos de las bandas narcodelictivas.
Sin embargo, una complicación de salud del presidente Guillermo Lasso y la repentina salida de Diego Ordóñez, exsecretario de Seguridad, obligaron a que la reunión se postergue. Las reuniones del Cosepe, generalmente, son reservadas.
Pero esta ocasión ha generado un interés más alto de lo habitual, ya que está previsto que las autoridades discutan la declaratoria de ocho bandas criminales como terroristas.
Henry Cucalón, ministro de Gobierno, adelantó ya hace una semana que esa era la intención del Ejecutivo. Pero necesita que la declaratoria salga del Cosepe.
Con la declaratoria, el Gobierno busca abrir el camino para tomar más medidas ante la crisis de violencia e inseguridad del país.
Según la Ley de Seguridad Pública y del Estado, el Cosepe puede recomendar al Presidente de la República la adopción de medidas de intervención en casos graves o amenazas que afecten la integridad de la población.
Este es uno de los principales argumentos jurídicos para la declaratoria de terroristas. Ya que las bandas narco delictivas, a través de atentados armados y con explosivos, han causado terror.
La declaratoria busca que las Fuerzas Armadas puedan participar directamente en el combate a estas estructuras criminales.
Así como en las operaciones de búsqueda y captura de sus miembros. De momento, el trabajo de los militares en la seguridad interna se limita al control de armas y de explosivos. Si la declaratoria se aprueba, los militares podrían colaborar con la Policía en todo el territorio nacional.
Y lo harían a través del Grupo de Fuerzas Especiales de las Fuerzas Armadas. Justamente, Wagner Bravo fue el jefe de esa unidad cuando era militar en servicio activo.
Además, según la planificación jurídica del Ejecutivo, para esta declaratoria no hace falta una reforma legal. Ya que, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) ya tipifica el terrorismo y lo sanciona con penas de hasta 26 años de cárcel.
Con información de La República
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