Un tribunal de Justicia en Quito desistió este martes, 31 de enero del 2023, de llevar a juicio al informático sueco Ola Bini, amigo del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
Bini, acusado hace cerca de cuatro años de un supuesto ingreso no autorizado a sistemas informáticos de entidades públicas del país enfrentó por años el proceso jurídico.
Decisión unánime
El abogado del informático, Carlos Soria, anunció en un mensaje de Twitter el fallo judicial en el que afirmó que Ola Bini es «inocente».
«Inocente. Ola Bini es ¡inocente! Por unanimidad del tribunal que seguía la causa», escribió el letrado, quien ha criticado que la Justicia ecuatoriana haya tardado tanto tiempo en resolver este caso y por el que el informático sueco no ha podido abandonar el país.
También la organización de defensa de derechos humanos Inredh, que ha seguido el caso, aseguró en sus redes sociales que el Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Pichincha ratificó la inocencia de Bini y dejó sin efecto todas las medidas cautelares que tenía en su contra desde que la causa inició en 2019.
Detenido en el gobierno de Lenín Moreno
El informático sueco enfrentó a la justicia luego de una acusación formulada por la entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo, de haber supuestamente participado en actividades que pretendían desestabilizar al Ejecutivo de entonces.
Sin embargo, esas acusaciones no prosperaron por falta de pruebas y finalmente se acusó a Bini de un delito por acceso ilegal a sistemas informáticos.
Bini, de 40 años, fue arrestado el 11 de abril de 2019 cuando se disponía a abandonar Quito con destino a Japón, unas horas después de que el Gobierno de Ecuador, presidido entonces por Lenín Moreno (2017-2021), pusiera fin al asilo de Assange en su embajada en Londres.
Supuesto ingreso no autorizado a CNT
Según la Fiscalía ecuatoriana, la causa contra Bini, ahora disuelta, se debía a la sospecha de que el informático había accedido sin autorización al sistema de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) con el objetivo de intentar obtener información del contenido digital de las plataformas de la petrolera Petroecuador y de la antigua Secretaría Nacional de Inteligencia.
No obstante, la defensa de Bini criticó la acción fiscal y denunció una serie de irregularidades en el proceso que debió haberse sustanciado en 2019, pero que fue suspendido en repetidas ocasiones.
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