El juez de garantías penitenciarias Banny Molina, del cantón de Portoviejo, en Manabí, otorgó el 5 de agosto un habeas corpus en favor del exvicepresidente Jorge Glas Espinel y de Daniel Salcedo Bonilla.
El magistrado estableció que se vulneraron los derechos de salud e integridad física de Glas y Salcedo, por lo que dispuso su liberación inmediata.
Por su parte el Consejo de la Judicatura informó en un comunicado que el juez habría actuado sin jurisdicción en el habeas corpus, ya que sobre él pesa un auto de llamamiento a juicio por una sentencia otorgada en 2018.
Respuesta del Gobierno
A través de su cuenta de Twitter, el presidente Guillermo Lasso mencionó que ante lo dispuesto por el juez, «las instituciones del Estado ecuatoriano interpondrán los recursos legales correspondientes y no tomarán ninguna decisión de excarcelación de ciudadano alguno que atente contra el ordenamiento jurídico”
El comunicado del Gobierno aseguró que ni Glas ni Salcedo habían presentado tal acción de habeas corpus. Sin embargo, remarcó que todo ello había aparecido este lunes en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje).
Además, Lasso mencionó que ni la Procuraduría del Estado, ni el sistema penitenciario nacional (SNAI) habían sido convocados a la audiencia respectiva, «lo cual añade otra irregularidad».
Asimismo, acotó que ya había sido presentado otro recurso de habeas corpus en la Corte de la provincia de Pichincha en favor de Glas, «por lo que la competencia para resolver esta situación ya la tenían otros jueces».
Jorge Glas
En abril pasado, el exvicepresidente Glas ya obtuvo un habeas corpus dictaminado por un juez de la localidad de Manglaralto, en Santa Elena, cuya Corte Provincial de Justicia revocó por no ser la jurisdicción correspondiente y por no notificar a la Procuraduría (Abogacía) General del Estado, lo que le obligó a Glas a volver a la cárcel tras 40 días en libertad.
Glas ingresó inicialmente en prisión a finales de 2017 y ha sido condenado en firme en dos casos de corrupción. Uno por asociación ilícita relacionado con la trama Odebrecht (con 6 años de cárcel); y otro por cohecho ante la financiación ilegal para su movimiento político (con 8 años).
Con información de EFE
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