Cerca de la medianoche de este domingo 26 de junio de 2022, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), dispuso la suspensión del debate sobre el pedido de destitución contra el jefe de Estado, Guillermo Lasso, y anunció que el procedimiento se retomará este martes 28, a las 11:00.
Cuando Saquicela tomó esta decisión ya habían intervenido 68 legisladores de distintas bancadas. La sesión del Pleno por este tema se instaló el sábado 25, a las 18:30; se suspendió a la 01:45 del domingo; se la retomó a las 16:00 y se volvió a suspender a las 23:30.
Saquicela dijo que todavía faltan “algunos asambleístas” por intervenir y que, además, a pedido de Lasso, se requerirá información al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Comisión legislativa de Régimen Económico, en relación al plan de Gobierno.
Adujo que la sesión no podrá ser retomada este lunes porque se tiene prevista la comparecencia de los ministros del Interior, Patricio Carrillo, y de Defensa, Luis Lara, con el propósito de que informen sobre los procedimientos y actuaciones de la Policía y Fuerzas Armadas en el contexto del paro nacional.
El pedido para destituir a Lasso es impulsado por el correísmo, bajo la causal de “grave crisis política y conmoción interna”, acorde al artículo 130 numeral 2 de la Constitución, tras las protestas del movimiento indígena.
Presentación de la moción
En la segunda jornada del debate, Fernando Cedeño, uno de los integrantes de la bancada, presentó una moción para “aprobar la resolución para la destitución del Presidente de la República, Guillermo Lasso”, una vez que se cumpla el plazo establecido en la norma suprema.
“En un plazo de 72 horas, concluido el procedimiento establecido en la ley, la Asamblea resolverá motivadamente con base a las pruebas presentadas por el Presidente de la República”, señala dicho artículo.
Paola Cabezas, asambleísta de la bancada de Unes, y sus aliados como Alejandro Jaramillo y Johana Moreira, disidentes de la Izquierda Democrática, reconocieron que no tienen asegurados los 92 votos para la destitución hasta el momento.
“Seguramente algunos asambleístas, contando, sumando, restando, creerán que no van a haber los votos para tomar la decisión. Pues miren, el pueblo ecuatoriano ya no puede esperar más de este Parlamento, ya los hemos decepcionado muchas veces”, dijo Cabezas.
Con el apoyo de Pachakutik y algunos independientes, podrían llegar a 80, pero hubo pronunciamientos como el de Guadalupe Llori, quien fue destituida de la Presidencia de la Asamblea, en contra de esta opción.
“Los pueblos saben reescribir su historia y esta batalla no termina aquí. Por supuesto que el pueblo sabrá reescribir su historia y hay otros instrumentos constitucionales que le van a permitir tomar la decisión porque el pueblo ya decidió. Presidente Lasso, el pueblo pone y el pueblo saca, y recuerde que hay una revocatoria de mandato en camino”, agregó Cabezas.
Jaramillo y Moreira solicitaron que el debate se suspendiera hasta que el Gobierno se pronuncie sobre los pedidos de la Conaie. “Nosotros lo podemos reactivar en su momento, en el caso que existan incumplimientos y que continúe con estos incumplimientos el Presidente de la República”, dijo Jaramillo.
Denuncias de amenazas
En medio de la discusión, el jefe de bloque del oficialismo, Juan Fernando Flores, denunció que varios legisladores han sido víctimas de asedio en sus viviendas y llamadas con ofrecimientos, mientras el debate se desarrolla.
“Mientras otros estamos debatiendo, las llamadas, las amenazas y la persecución para que los legisladores voten como algunos grupos políticos quieren e insisten y se están dando”, dijo.
Incluso apuntó a Fernando Cabascango, asambleísta del ala radical de Pachakutik, y dijo que “tendrá que explicarle al Pleno qué hacía en una movilización llevándola a las afueras de otra legisladora para asediar. ¿Es que acaso eso no es un delito?”.
“Son dos días de un sinfín de discursos y narrativas que hasta ahora nadie ha podido demostrar que existe una causal como la que establece el planteamiento de la bancada de Unes, de que hoy tenemos grave conmoción política”, dijo.
Señaló que el Gobierno está dispuesto a rectificar y a acoger los 10 planteamientos del movimiento indígena. Aludió a la decisión del presidente Lasso de haber reducido el precio de la gasolina, aunque Ramiro Narváez (ID) la tachó de insuficiente.
“La muerte cruzada siento que no es la solución. Pero cuidado, Presidente, no se confíe que el pueblo siempre va a estar pendiente si es que usted rectifica o no, el reloj está corriendo”, advirtió Narváez, aunque aclaró que votará en contra de la destitución de Lasso como decidió su bloque.
Ramiro Frías, otro de los legisladores de la ID, dijo que recibió llamadas telefónicas y mensajes con exigencias para que vote por la destitución; sin embargo, ratificó que está en contra de esta opción, al considerar que se debe defender la democracia y la institucionalidad del país.
El oficialista Patricio Cervantes aseguró que personas del pueblo Caranqui fueron hasta su domicilio en Ibarra con pancartas y consignas a presionarlo y que también intentaron ingresar al domicilio de su colega Blanca Sacancela, quien estuvo a punto de quebrarse en el Pleno.
Otro de los asambleístas que denunció amenazas fue Rafael Lucero, exjefe de bloque de Pachakutik, quien dijo que votará a favor de la lucha social. Su coideario, Joel Abad, cuestionó la legitimidad de la elección de Lasso y aseguró que en las últimas elecciones el movimiento indígena “ganó en 14 de las 28 provincias del país”, cuando no advirtió el error porque son 24.
“No hay nada más democrático que llamar a elecciones anticipadas. Sin duda alguna tenemos un Estado incompetente que ni siquiera es capaz de gestionar la inseguridad ciudadana”, insistió Marcela Holguín, coordinadora de Unes.
El independiente Fernando Villavicencio denunció que hay otros objetivos detrás de las protestas y arremetió contra el presidente de la Conaie, Leonidas Iza. “El señor Iza es un correísta a carta cabal, representa un modelo de terror que no ha funcionado en ninguna parte del mundo”, dijo, tras fustigar que las protestas han ocasionado el desabastecimiento de víveres y tanques de oxígeno para hospitales, como si se tratara de una guerra.
“No son los 10 puntos, aquí hay un golpe fraguado. Aquí han creado deliberadamente un estado de conmoción para adaptar el artículo 130, y claro se presentan como los demócratas, las estructuras criminales de este país han inducido a este estado de conmoción social”, dijo Villavicencio.
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